.Don Francisco Durañona.

S. / D. Con consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con la finalidad de expresarle la postura de nuestra Entidad ante la propuesta del Departamento Ejecutivo al Legislativo de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2013.

La Asociación reconoce, y destaca, los cuatro objetivos fijados en esta elevación al Departamento Legislativo. No podemos más que coincidir con lograr la “Eficiencia en la prestación de Servicios”; que “Las Tasas cubran el costo”, ha sido un reclamo permanente de esta Entidad en sus treinta y ocho años de existencia, defendiendo el principio jurídico de que la tasa es la contraprestación de un servicio prestado y, por lo tanto, debe cubrir el costo del trabajo que se realiza; sobre la “Redistribución de la carga” y la “Ampliación del universo de contribuyentes”, también acompañamos estas líneas de acción para lograr equidad contributiva.

En cuanto al capítulo Impositivo, debemos expresar a Usted que no consideramos necesario el aumento sobre la Tasa por Servicios Rurales. El hecho de haber colaborado desde esta Asociación con dos gestiones municipales (durante ocho años – Gestiones del Intendente Jordán e Intendente Lennon) y de haber realizado consultas en Partidos vecinos y disponer de información en internet, nos habilita a considerar apropiado el monto actual de la obligación.

El mismo, hasta podría aportar un porcentaje a una subcuenta de amortización para la adquisición de maquinarias destinadas a las tareas del servicio. Es de mencionar, aprovechando este objeto, que la Tasa por Control de Marcas y Señales fue la tasa creada y aplicada históricamente a la Reparación y Mejoramiento de los Red Vial Municipal; hoy su recaudación, luego de absorber los costos meramente administrativos, se disipa en los gastos de rentas generales.

Rechazamos la propuesta elevada al Departamento Legislativo para extender la Tasa por habilitación de Comercios e Industria a establecimientos rurales. Así mismo, rechazamos la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene incluyendo a los establecimientos rurales. Exponemos a su consideración nuestras razones:

a) La agropecuaria es una actividad aislada de agrupamientos humanos que se desarrolla en el medio “rural” y no produce hacinamiento humano ni ocupa espacios públicos comunes ni genera productos elaborados de consumo humano sino la materia prima para ellos. La “tasa” en cuestión, que es un avance sobre la privacidad individual, se justifica solo en los conglomerados urbanos, respecto de espacios públicos de uso común y respecto de aquellos locales privados de acceso público o establecimientos que por la naturaleza de su actividad y ubicación, merecen un control que genera un servicio público municipal, que se retribuye con el pago de una tasa como contraprestación.

b) La actividad agropecuaria se rige por los códigos civil, comercial y leyes especiales de carácter nacional, en cuanto al dominio, uso y disposición de los bienes que integran su capital y su producción.

c) Los aspectos sanitarios vinculados a la producción agrícola, ganadera y otras específicas (extensivas o intensivas indistintamente), son materia de potestades legislativas compartidas entre Nación y Provincias, propias del ejercicio soberano y autonómico de los Estados (nacional y provinciales) respectivamente, y por lo tanto “indelegables” a órganos inferiores esencialmente administrativos y descentralizados como son los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

d) No siendo entonces nuestra actividad materia de ejercicio de la administración municipal, no puede justificarse por más esfuerzo argumental que se haga, la creación o la aplicación de un servicio de control de seguridad e higiene para actividades agropecuarias en el medio rural.

e) Los aspectos de “relación laboral”, “riesgos del trabajo”, “seguridad social” y “previsión social” también son materia legislativa federal. Nada tienen que hacer allí los municipios, como tampoco en salud pública ni en medio ambiente, sin perjuicio de “colaborar” por expresa autorización estatal, con tareas de control, sin potestades para crear normas propias, ni ejercicio del poder de policía (facultad estatal indelegable), y en caso que alguna gestión se le “encargue” por parte del Estado, recabará su costo también del Estado autorizante, no pudiendo legítimamente cargarlo al vecino.

Por lo expuesto Señor Intendente, deseamos solicitar a Usted una instancia de reconsideración de los mencionados Títulos. Hemos expresado a Usted en nota reciente, y en nombre de esta Entidad, la disposición al diálogo fructífero; concretamente: diálogo que fructifique en hechos consensuados contribuyendo al interés general pero basándonos en el respeto y consideración de la verdadera importancia que, aún hoy, tiene la actividad agropecuaria en nuestra zona tras cuatrocientos años de historia.

Saludamos a Usted con nuestro mayor respeto y quedamos a su disposición.- Martín B. Sills Guillermo O. Giacomantone Secretario Presidente

Con copia al Señor Jefe de Gabinete y al Presidente del H. Concejo Deliberante.