Paco Pérez confirmó que la jubilación del ministro de la Corte provincial Fernando Romano está frenada porque todavía no define quién lo va a remplazar, lo cual genera por lo menos ansiedad en el justicialismo.

Romano, de 73 años, quien es el magistrado mejor pago de la Justicia provincial por su antigüedad y cargo, presentó la renuncia a fines de mayo y debía dejar la actividad el 1 de agosto. Pero casi sobre el final del mes en el que el ministro planeaba ya estar jubilado, el propio gobernador informó que todavía no tiene decidido cuándo se lo permitirá.

Pérez dijo a la prensa en Tupungato este miércoles: "La renuncia está en mis manos. He comunicado a la Justicia que he iniciado el expediente y en su momento la firmaré". Sin embargo, no indicó cuándo dará este paso y confesó que eso "seguramente tiene que ver con encontrar al sucesor".

La situación representa una verdadera paradoja. El ex gobernador Celso Jaque pasó casi la mitad de su mandato esperando que Romano se jubilara para designar a su remplazante, pero el ministro no se fue. Ahora, en cambio, es Pérez quien frena la jubilación del magistrado, quien tiene todo listo para irse, pero el nuevo gobernador no lo deja.

El problema es que, en este juego, lo que crece es la ansiedad en el propio justicialismo, donde la lista de candidatos para suceder a Romano comenzó a circular hace tres meses, apenas se supo que el cargo quedaría vacante.

Presión de los intendentes. En el tenso marco de la interna peronista, lo que ha aparecido en escena es la presión de algunos intendentes, que quieren ser consultados sobre el recambio en el alto tribunal provincial. Es el caso, por ejemplo, del intendente de San Martín, Jorge Giménez, hombre fuerte del sector azul y vicepresidente del PJ mendocino.

Giménez indicó a este diario que aspira a que Pérez consulte al conjunto de los intendentes y hasta se animó a dar un perfil de cómo debería ser el futuro ministro de la Corte. O mejor dicho: dijo cuáles no deberían ser sus características.

"No debería ser una persona muy potilizada. No puede ser un piquetero. Hay demasiados casos de ministros vinculados a los partidos, de un lado y de otro", expresó el intendente sanmartiniano. Justamente ese era el perfil del último ministro de la Corte designado por el Poder Ejecutivo: el año pasado, gracias a la postulación de Jaque, el justicialista Mario Adaro pasó directamente del Ministerio de Gobierno a tribunales.

Ante la consulta de este diario, Giménez coincidió con otros intendentes del PJ al sostener que al oficialismo le está haciendo falta una reunión para definir asuntos estratégicos que han quedado en un impasse por decisión del gobernador o, tal vez, frenados por las disputas internas del PJ. Entre ellos mencionó la sucesión en la Corte, que no es el único sillón sin nombre: los tres puestos del directorio para el oficialismo en la recientemente creada Empresa provincial de energía tampoco tienen postulantes por ahora.

Pero Giménez también incluyó otros asuntos de alto interés, como la realización de obras estratégicas para la provincia y, principalmente, la discusión de medidas para que Mendoza tenga más plata en una época de escasísimos recursos.

La necesidad de este encuentro es grande, a juicio del intendente, "porque pasa el tiempo de la gestión y siguen las demandas de la gente".

Candidatos. La ronda de candidatos para la Corte incluye distintos perfiles. Se ha mencionado al fiscal federal Omar Palermo (un sanmartiniano generacional de Paco Pérez y el intendente Giménez) y a la presidenta provisional del Senado, la peronista azul Miriam Gallardo. No son los únicos: hasta el radicalismo ha pedido el cargo para el partido. Sin embargo, señales ciertas de por quién se inclinará finalmente el gobernador no existen.

Menos aún cuándo lo hará. Desde el entorno de Pérez confirmaron que no existe ningún tipo de plazo y recalcaron que la decisión será exclusiva del gobernador, quien ya sorprendió al PJ cuando tuvo la ocasión de hacerlo: tomó distancia de las presiones internas y nominó para el Departamento General de Irrigación a José Luis Alvarez, un hombre que le responde directamente a él.

Lo cierto es que la decisión no es menor, dado que la soberanía de Pérez termina donde empieza la del Senado: la última palabra la tendrá la Cámara Alta a través de una votación secreta que dirá si el candidato es aceptado o no para la Corte.