El Gobierno pidió acelerar el proceso en el Consejo de la Magistratura.
Lo hicieron en un extenso documento conocido ayer y en un acto público que los jóvenes concretaron frente a la Legislatura.
El juez Romano fue denunciado ante ese organismo hace más de un año y medio, sin que hasta la fecha existan respuestas concretas frente al reclamo de familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Pero además el propio Gobierno se hizo parte de las distintas causas, como querellante, pidiendo su destitución, cuando estaba frente al Ministerio de Gobierno el actual integrante de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro.
El juez hasta ahora ha logrado dilatar los tiempos y la última información es que declararía ante el Consejo de la Magistratura en agosto, oportunidad en que presentaría su defensa. Según se asegura, hay probabilidades de que el Consejo suspenda a Romano, cuestión que le haría perder los fueros y podría ser detenido.
El documento de los organismos de derechos humanos conocido ayer y avalado por el Gobierno de Jaque sostiene que: "Otilio Roque Romano está procesado penalmente en la justicia federal en calidad de partícipe primario por más de 100 hechos de desapariciones forzadas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, saqueo de bienes y apropiación de menores, y a pesar de ello sigue cumpliendo funciones como juez de cámara en la Justicia Federal de Mendoza".
"Los militantes de derechos humanos -continúa el texto- no toleramos más demoras. Exigimos que se disponga la suspensión del juez Otilio Roque Romano YA. La permanencia de este camarista en la justicia federal, procesado por delitos de lesa humanidad, es insostenible. Basta de impunidad para Romano. Juicio y Castigo a los cómplices civiles de la dictadura".
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Félix González, adhirió -en nombre del Gobierno - al documento presentado por los organismos de Derechos Humanos. Pero además el funcionario advertió que "se debe terminar con el silencio" e indicó que solicitará a los legisladores que "se expidan oficialmente y fijen una posición clara sobre la situación planteada con Otilio Romano".
El actual integrante de la Cámara Federal de Mendoza, de acuerdo a informaciones procedentes de Buenos Aires, deberá presentarse ante el Consejo de la Magistratura el 16 o 17 de agosto y hacer su defensa.
Por su parte, en la tarde de ayer, agrupaciones juveniles vinculadas al kirchnerismo realizaron un acto en la puerta de la Legislatura donde reclamaron por los juicios a los cómplices civiles de la dictadura de 1976.
En setiembre del 2009, los Organismos de Derechos Humanos, acusaron a los jueces y fiscales cómplices de la dictadura, ante la Oficina de Delitos contra los Derechos Humanos: la denuncia comprendía a Romano y Luis Francisco Miret. A principios de 2010, el Fiscal Omar Palermo acusó, a un conjunto de jueces y fiscales de la dictadura.
El juez ederal Walter Bento, el 18 de marzo de 2011, resolvió procesar a Miret, Evaristo Carrizo, Romano y Guillermo Petra. Miret se convirtió en el primer juez destituido por complicidad con la dictadura. Romano está acusado y procesado por 76 hechos concretos de complicidad, en carácter de partícipe.
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