El Gobierno se pone firme y se apresta a comenzar otra semana en la que el tema excluyente será el salario de los estatales.

Hoy comienza la discusión con los choferes de la EPTM; en ATE (Administración Central y organismos descentralizados) votan en un plebiscito si aceptan o no la última oferta del Gobierno.

Mientras tanto en Hacienda se encierran todo el día para realizar múltiples simulaciones con el fin de acercarse lo más posible a lo que solicitan los profesionales de la Salud quienes endurecieron posiciones luego del arreglo, por lo bajo, del Ejecutivo con los anestesistas.

En este panorama el ministro de Gobierno, Mario Adaro, lanzó un ultimátum con dirección a quienes se han mostrado más duros y continúan reticentes a llegar a un acuerdo: los judiciales.

"Ésta es la última semana que seguirá vigente el aumento retroactivo al uno de marzo. Después las condiciones van a cambiar", advirtió el titular de la cartera política de Celso Jaque.

Para el Ministro, los judiciales quieren privilegios que no están dispuestos a conceder.

"Es real que se debe hacer una recomposición pero a Salud se destinaron unos $ 50 millones, lo que impacta en unos $ 5.000 por trabajador al año y en el caso de los judiciales son $ 26 millones para 4.000 empleados a razón de $ 7.000 (sic) más por persona al año", detalló.

En medio de un conflicto que acumula 17 días de paro y mantiene a uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, literalmente parado, el funcionario fue contundente: "No sería justo y no podemos salirnos del promedio al que se arribó con el resto de los gremios".

Voces que se escuchan en Casa de Gobierno apuntan a que gran parte del "paro salvaje" que llevan adelante los judiciales tiene estrecha relación con el proceso electoral al que están sujetas las autoridades del gremio. En pocas palabras, acusan a los sindicalistas de usar el conflicto como vidriera para ganar adeptos entre los afiliados. "Si ya cerraron listas", tiraron.

El malestar que reina en el Ejecutivo se extiende casi por igual a a la Suprema Corte. Indiscretamente dejaron trascender que la cabeza del Poder Judicial "aún no giró el parte de novedades para realizar el descuento a los empleados que han estado de paro. Ya lo hicieron el año pasado. Al final no descontaron nada. Ellos son los empleadores y a nosotros nos llaman para poner la plata, nada más. Esperemos a ver qué pasa este lunes", deslizó una fuente gubernamental.

Por su parte, Carlos Ordóñez aseguró que "los representantes paritarios ya rechazamos la oferta pero igual será puesta a consideración en asamblea", explicó.

Por eso hoy a las 7.30 los empleados decidirán si ratifican las medias de fuerza o por el contrario aceptan la propuesta del Gobierno.

Ante las expresiones que circulan en el Barrio Cívico, el titular del gremio dijo que "en el Gobierno mienten (por las cifras que mencionó Adaro) y sólo buscan enturbiar el ambiente. No estamos dispuestos a entrar en ese juego".

Por el lado de Salud, Ampros se mantiene en pie de guerra. Es que el acuerdo con los anestesistas trajo aparejado el descontento generalizado en los profesionales. Si bien la entidad sigue abierta al diálogo, el posicionamiento no es para nada flexible.

"Entre unos reparten pobreza y entre otros riqueza y todos con el mismo título. Ahora no queremos que les bajen a ellos (anestesistas) sino que nos igualen a nosotros", sostuvo Isabel Del Pópolo.

En el caso de ATE, Administración Central y organismos descentralizados votarán por el "sí" o "no" de la última oferta. El plebiscito es hoy de 8 a 15. En tanto desde Sitea (que no posee la personería gremial para sentarse a la mesa paritaria junto a ATE), siguen reclamando un aumento mayor al 15% que ofreció el Gobierno y continúan con asambleas.