El gobierno bonaerense anunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el impulso de dos proyectos de ley para mejorar la situación de las personas privadas de su libertad y "potenciar el tratamiento socializador". La presentación fue realizada ayer en una audiencia celebrada en Washington a raíz de una denuncia realizada ante ese organismo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Comisión Provincia por la Memoria acerca de la condición en que se encuentran los detenidos en los penales de la Provincia.

La postura del gobierno provincial fue llevada por el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, quien destacó ante el organismo internacional "la promoción de la reforma a la ley de Ejecución Penal", un proyecto que -aseguró- "pone en sintonía la legislación provincial con los estándares nacionales tal como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia pero que además incorpora otras reformas de avanzada".

En la audiencia estuvieron presentes los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Luz Patricia Mejía, María Silvia Guillén y Rodrigo Escobar Gil. El Cels estuvo representado por su director ejecutivo Gastón Chillier y su directora ejecutiva adjunta Andrea Pochak. Susana Méndez y Roberto Cipriano García participaron por la Comisión Provincial por la Memoria.

Entre otras medidas, Albarracín mencionó "la instauración de la oralidad para la decisión de las cuestiones referidas a la libertad; la imposibilidad de aplicar medidas de seguridad sin juicio previo; la caducidad de las sanciones disciplinarias por el solo transcurso del tiempo; la eliminación del traslado como sanción; el carácter no vinculante de los informes técnico-criminológicos; y la instauración de un mecanismos de compensaciones por año de trabajo o estudio efectivo en prisión".

AUDIENCIA

La audiencia, que se realizó en la sede de la CIDH en Washington, fue convocada para dar seguimiento al informe que la Comisión publicó en junio pasado, luego de la visita al país del Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, quien examinó distintas cárceles y comisarías de la Provincia.

En aquel informe, expresó su "profunda preocupación" por la situación de las personas privadas de libertad en Buenos Aires, instó al Estado a asegurar "condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana" y a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas.

En la audiencia, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Comisión Provincial por la Memoria presentaron imágenes y un diagnóstico extenso sobre las condiciones de detención de los presos bonaerenses.

Por su parte, Albarracín rechazó "las expresiones vertidas por los denunciantes en el sentido de que existirían en la Provincia prácticas sistemáticas de torturas o tratos crueles y que el Poder Judicial sería cómplice de los mismos".

El funcionario indicó que "el total de detenidos en la Provincia se encuentra hoy en baja y es menor del que existía hace un año atrás".

En cuanto a las condiciones de detención, Albarracín destacó que la política del gobierno bonaerense "fue siempre de descompresión del sistema penitenciario y del alojamiento en comisarías" y que para ello se han habilitado "nuevas plazas que se usaron en su mayoría para redistribuir a los detenidos".

Al respecto, indicó que mientras en mayo de 2005 la 38 Unidades Carcelarias existentes alojaban 24.686 internos, "hoy esas mismas unidades alojan a 20.200, es decir, casi un 20 por ciento menos".

En su presentación, el Cels y la CPM remarcaron que de acuerdo con los datos del Consejo de Defensores Públicos de la Provincia el índice de sobrepoblación de las cárceles provinciales es del 92%. "Es decir que el sistema estaría alojando a casi el doble de los detenidos que podría alojar, si se aplicaran los parámetros internacionales de plaza carcelaria", indicaron.

Las organizaciones afirmaron también que "existe un patrón estructural de violaciones de derechos humanos en los lugares de detención, que se traduce en torturas extendidas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención".