En ese sentido, aclaró que las principales preocupaciones pasan por las reiteradas fugas y también se cuestiona la preparación del personal que trabaja allí, así como las escasas medidas de seguridad. “A partir de ahora la jueza definirá con una sentencia todo lo que hay que cambiar en Batán”, dijo.

En este marco, el Fiscal aclaró que es la jueza de Menores, Silvina Darmandrial, quien entiende en esta causa y que a partir de la presentación del Habeas Corpus “tiene que intimar al Ejecutivo para que se cumpla con el pedido en un tiempo determinado, ya sea con el instituto abierto o clausurado”.

Con respecto a los cuestionamientos que presentó Yañez Urrutia, se cuestionó la idoneidad del personal abocado a estos lugares que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, por lo que manifestó que “hay gente que no tiene compromiso, que no es profesional ni está capacitada para tratar con jóvenes adolescentes en conflicto con la ley penal, con una historia de vida complicada”.

Y añadió que una de las soluciones es mejorar también la seguridad en los institutos y la custodia que traslada a los jóvenes conflictivos, “Tanto en los traslados como en el propio instituto la seguridad y la custodia tienen mucho que mejorar”, explicó.

Una de las iniciativas que se pretenden llevar adelante tiene que ver con que los jóvenes privados de la libertad por hechos graves “cumplan su prisión preventiva o su condena de una manera que cuando salgan se reinserten a la sociedad como corresponde y así evitar que cometan nuevos hechos delictivos“, según puntualizó Urrutia.

Para que esto suceda “se necesita trabajar con personal capacitado, profesional, con compromiso y responsabilidad, circunstancia que hasta el día de la fecha no ha sucedido”, lamentó.

Por último, el Fiscal precisó que “la próxima semana tendremos una respuesta, porque vamos a pedir que se cumplan ciertas condiciones para que el instituto cumpla la función para el cual fue diseñado“.