El ambientalista de Gualeguaychú Emilio Vitale presentó el jueves una denuncia en la Fiscalía de Gualeguaychú para advertir sobre futuras fumigaciones que se producirán en escuelas rurales. “Ya estoy podrido de recibir denuncias”, dice este trabajador que cumple funciones en la Secretaría de Ambiente de la localidad del sur entrerriano. Debido a que su trabajo consiste en el monitoreo satelital de escuelas, pudo constatar a través de un seguimiento de mapas y estadísticas que las entidades educativas que denunciaron haber sido fumigadas este año, al poco tiempo sufrieron el mismo problema.

Según un relevamiento conjunto realizado entre la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas y la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer), se pudo establecer que en forma sistemática el 80% de las escuelas rurales entrerrianas padece fumigaciones con agrotóxicos. “A las que están rodeadas de soja, sí o sí las van a fumigar. Lo que estoy denunciando es que ya sabemos que se va a producir una fumigación y que lo más probable es que no se cumplan con las medidas de seguridad. Y hasta ahora nadie sabe quién es el vecino de la escuela que fumigan, eso está en una nebulosa. Pedí que se investigue quiénes son los vecinos y que se los notifique formalmente. Después si vuelven a fumigar y recibieron una notificación antes, vamos a conversar en otros términos”, advirtió. Esta medida tiene como objetivo prevenir un potencial perjuicio para la salud del personal docente y los alumnos que concurren al establecimiento escolar, aunque también apunta a que se cumpla con la legislación vigente sobre el uso de agrotóxicos.

El especialista en Informática informó en diálogo con UNO que le acercó al fiscal un listado con las escuelas en riesgo -que ya fueron víctimas de este flagelo- del Departamento Gualeguaychú. “El Consejo General de Educación (CGE) no ha tomado las medidas legales. Está en riesgo la salud de los gurises que van a ir a la escuela y los van a volver a fumigar sin avisarles. Tendría que cumplirse la legislación vigente, para que avisen 48 horas antes y después se verá qué se hace, pero no que los sigan sorprendiendo dentro de la escuela y que la máquina siga pasando por al lado”, dijo el denunciante.

El ecologista mencionó que los problemas de salud que se manifiestan entre las personas que fueron víctimas de aspersiones son los mismos de siempre: problemas respiratorios, afecciones de la piel, náuseas, aunque a largo plazo las consecuencias pueden ser más graves. 

Docentes envenenados

El analista en Sistemas reveló que durante la última fumigación denunciada en el paraje Arroyo Molino, en el Departamento de Concepción del Uruguay, había una maestra embarazada, quien corrió más riesgos que el resto de la comunidad porque el glifosato es altamente abortivo. “Ahora estamos detectando, a través de análisis, que los docentes tienen agrotóxicos en sangre. Se están haciendo en muchísimos laboratorios, incluso en laboratorios privados. Uno de los que hace este tipo de estudios es el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) dependiente de la Universidad Nacional de La Plata”, detalló.

Anticipó que la denuncia originará una megacausa respecto de la problemática de las fumigaciones. 

En pos de la nueva ley  

La lucha que vienen sosteniendo diferentes organizaciones ambientales para preservar la salud y en contra de las fumigaciones, no se condice con una legislación acorde. El ambientalista afirmó que se encuentra trabajando en el proyecto para una nueva ley de agroquímicos, junto a los senadores Natalio Gerdau y Eduardo Melchiori. “Los estamos asesorando; cambiaría radicalmente el proyecto, porque por un lado pasa a la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación, se digitalizaría todo”, explicó. Según confió, a cada parcela rural se le agregaría un expediente, con las recetas y una coordenada geográfica, para saber a qué campo se dirige y quién es el dueño, entre otros detalles.