"Mínimamente tiene que firmar un dictamen un abogado, pero eso no está", agregó. Pero de las quejas hoy una parte de la oposición pasará a la acción: el PJ Modelo Chubut presentará una acción de amparo "ni bien terminemos de analizar toda la documentación", adelantaron desde esa bancada.

Para las dos bancadas opositoras, el proyecto convertido anoche en ley, no sólo plantea perjuicios que pueden hipotecar el presente, sino que puede constituir un gravoso antecedente contra otras demandas similares que puedan plantearse en el futuro.

Tan controversial es la iniciativa que el bloque del Frente Para la Victoria perdió 4 aliados en la votación: el socialista Anselmo Montes y, lo más llamativo, los recientemente "panquequeados" Gustavo Muñiz, José Karamarko y Carlos Gómez quienes, para variar, dieron otra vez una vuelta en el aire y se abstuvieron.

"Los abogados (que llevaban adelante el juicio por las regalías mal liquidadas) van a pedir regulación de honorarios a la Corte. Y se va a hacer sobre los montos de la demanda, que es de 900 millones de dólares", señaló por ejemplo el radical Risso al enunciar una de las consecuencias inmediatas del desistimiento.

Además, los legisladores que se opusieron a la sanción de la ley pusieron de relieve otro punto importante: a casi ninguna otra provincia de las que se acogieron al plan de desendeudamiento impulsado por el Gobierno Nacional se le impuso la condición que hoy cumplió Chubut.

Las objeciones son muchas y de variada calidad técnica; pero hay otras que mezclan lo político con lo legal, ya que casi nadie reconoce en el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, los antecedentes profesionales suficientes como para manejar por sí mismo una cuestión tan delicada.

Es tan fuerte esa presunción, que varios diputados analizan pedirle que se haga patrimonialmente responsable de los eventuales perjuicios que podría causar el "desistimiento".