La legisladora provincial Amelia Chiófalo (Unión por Córdoba), exsecretaria  de Lucha contra la Trata de la Provincia, presentó  un proyecto de ley que penaliza al cliente de la prostitución, en una iniciativa que está llamada a generar una fuerte polémica entre organizaciones que representan a las meretrices. 

En su artículo 1, el proyecto deroga el artículo 45 del Código de Faltas provincial, que persigue la “prostitución escandalosa”. Según Chiófalo, se deroga dicho artículo porque ahora se pone el foco en quien paga por el servicio sexual, con lo cual “dinamiza un negocio que está atravesado por la trata de personas”.

En el artículo 2, la iniciativa contempla multas y hasta quince días de trabajo comunitario, más una “instrucción especial sobre la comisión del delito de trata de personas”, a quien “entregare una suma de dinero, o cualquier otra cosa o actividad apreciable en dinero, para hacer un uso sexual de otra persona, mediare su consentimiento o no”. Es decir, al cliente que solicita un servicio sexual de cualquier tipo. El proyecto avanza también en casos donde el beneficiario del pago sea “un tercero”, o sea, un proxeneta o quien “regentee” al prostituido. “Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también en el caso de que el pago del dinero o la entrega de la cosa apreciable en dinero o beneficio sea realizado por o para un tercero”, señala la inicitiva.

Por otra parte, en caso de reincidencia, o si el cliente es miembro de una fuerza de seguridad o fuerza armada, la ley prevé arresto.

El proyecto de la legisladora delasotista es una versión más restrictiva del que presentó en mayo de 2012 la titular del bloque del Frente Cívico en la Legislatura, Liliana Montero, que no fue debatido por la Unicameral. La iniciativa de Montero sanciona a usuarios de prostitución “cuyo beneficiario sea un tercero”, y agrega: “Sea cual fuere el medio de pago que utilicen para usufructuar de la persona que ejerza la prostitución”. “En el momento en que se proceda a la detención del usuario de prostitución, no podrá bajo ninguna circunstancia tomarse acción alguna contra quien esté ejerciendo la prostitución”, aclara la iniciativa de la juecista.

En diálogo con este diario, Chiófalo dijo que la legislación argentina y provincial ya penaliza al cliente de la trata de personas, y que la iniciativa de su autoría apunta al cliente. “Al cliente no le interesa si la persona que se prostituye es víctima de la trata o no”, señaló, y aclaró que la propuesta de ley se respalda en la posición «abolicionista» de la República Argentina (no prohibicionista) sobre la prostitución.

Abolicionismo

La penalización del cliente de la prostitución, idea que circulaba en el Gobierno desde la presentación de la promocionada Ley Antitrata, en 2012,  se basa en que el consumo promueve en última instancia el tráfico de personas para comercio sexual. Así lo dice en los fundamentos: “La estrecha y profunda relación entre la Trata de Personas y la prostitución, en la que la primera nutre de mercancía humana a la segunda, fogoneada y alimentada por la demanda de los ‘clientes’ prostituyentes y la insaciable voracidad de proxenetas y tratantes, es una verdad indubitable”.

Según Chiófalo, penalizar la paga por servicios sexuales no implica avanzar en la vida privada de las personas. “Una persona no tiene derecho a consumir a otra”, señaló, en el marco de una concepción donde la prostitución no es considerado “trabajo sexual” sino una forma más de “violencia de género”.

El proyecto tomaría estado parlamentario mañana miércoles. La autora señaló que fue presentado en soledad, por propia iniciativa, y que aún no conversó con el bloque de Unión por Córdoba sobre el mismo. Cree Chiófalo que está destinado a tener un respaldo “transversal” en las distintas bancadas, donde algunos legisladores apoyen y otros no, independientemente de los espacios políticos.