Después de que el gobierno municipal estimara en seis meses el reemplazo de las tarjetas de aproximación que se utilizan en los colectivos de línea por las SUBE, el bloque del Frente para la Victoria propuso una reglamentación para que ese canje sea gratuito y se realice en 120 días, que empezarían a regir desde la promulgación de la norma.

En coincidencia con el planteo oficial, la bancada kirchnerista plantea que se dejen de usar los plásticos que ahora se utilizan. Pero va más allá al establecer que debe haber 300 puestos de emisión, carga y recarga, así como centros de atención en dependencias municipales.

"El Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) tiene como objetivo primordial facilitar el acceso al sistema de transporte público mediante una herramienta tecnológica de utilización masiva que soslaye los inconvenientes que presentan los sistemas de pago actualmente vigentes, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los usuarios y de la población en general", aseguró el concejal Marcos Gutiérrez, impulsor de la iniciativa.

"El nuevo sistema permite, entre otras cosas, ampliar las formas de recarga de la tarjeta y conocer en tiempo real la cantidad de pasajeros transportados, la ubicación de las unidades y su frecuencia", agregó.

De aprobarse el proyecto en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo tendría que crear un registro de comercios e instituciones postulantes a oficiar de puestos de emisión, carga y recarga de SUBE.

Hoy, esas nuevas tarjetas conviven con las de aproximación, pero son más caras ($25 contra $3) y, aunque sus usuarios pagan un precio de boleto atrasado ($4,80 contra $5,90), carecen de los suficientes puestos de emisión y recarga.

La reglamentación propone que el Ejecutivo y las empresas concesionarias dispongan, en un plazo no mayor a 60 días de incorporado el sistema, que haya 300 puestos de venta que garanticen el acceso del público en distintas bandas horarias.

También especifica que la información sobre el sistema (locales cercanos y horarios de atención) debe exponerse en todos los puestos de comercialización y en las garitas de colectivos. Por su parte, el Ejecutivo debería exhibir el listado de los comercios en el sitio web de la municipalidad. El artículo 10 del proyecto es uno de los más importantes. Es el que dispone que las concesionarias deben iniciar el proceso de transferencia del sistema de tarjeta de aproximación a la SUBE "en un plazo de hasta 120 días, contados a partir de la promulgación" de la ordenanza. "Será de manera totalmente gratuita para los potenciales usuarios del servicio y consistirá en entregar la tarjeta de aproximación a cambio de la tarjeta SUBE", añade.

A los 90 días deberían abrir los centros de atención SUBE

"en todas las dependencias de la administración municipal (salas de atención primaria, delegaciones municipales, entre otras) y en las dependencias de Obras Sanitarias". Serían sitios para hacer reclamos y asesorarse sobre el sistema.

Las máquinas para cobrar con la SUBE deben "instalarse en todas las unidades del servicio de transporte colectivo de pasajeros en un plazo de hasta 90 días corridos", agrega la iniciativa. Y aclara que eso tiene que suceder "sin que implique modificación alguna en el cálculo de la tarifa del transporte público".

Gutiérrez indicó que tener dos métodos de pago para abonar el servicio "genera confusiones entre los usuarios", y advirtió que "no sólo no se conoce el proceso de recambio de tarjetas", sino que el Concejo no sancionó una normativa que permita la plena reglamentación del sistema SUBE.

Transportistas reclaman un nuevo aumento del boleto

La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), presentó ayer una nueva nota ante el Concejo Deliberante, para solicitar que sea aplicada una actualización del valor del boleto de colectivos. Su propuesta consiste en que sea puesta en vigencia una nueva tarifa que contemple los "significativos aumentos" registrados en los últimos meses en los costos "tras la apertura del cepo cambiario".

De este modo, los transportistas resolvieron insistir con el planteo que vienen realizando desde fines del año pasado, ante su disconformidad con la última suba por la cual se había resuelto que el boleto pasara a costar $5,90.

Como argumento la Cámara consideró que en las actuales circunstancias el Concejo debería aprobar "un reajuste de la tarifa de colectivos de conformidad con la liberación por parte del gobierno nacional del dólar estadounidense (entre 35 y 40%) y tomando como base el valor de $6,10" que había sido indicado como el precio que debería tener el boleto plano "en el último estudio de costos presentado por el Departamento Ejecutivo en diciembre de 2015".

Los transportistas indicaron que en el caso de que su reclamo sea aprobado, la Cámara desistirá del recurso de revocatoria que había presentado semanas atrás, por el cual había solicitado que se dejara sin efecto la ordenanza que fijó la tarifa en $5,90.

La Defensoría del Pueblo pide controles a la línea 221

La Defensoría del Pueblo pidió a la Dirección Provincial de Transporte que refuerce los controles de la línea intermunicipal 221 Costa Azul, que al unir Santa Clara del Mar con General Alvarado atraviesa Mar del Plata.

"Solicitamos los más estrictos controles en cuanto a cumplimiento de las normativas que reglamentan su funcionamiento, fundamentalmente el estado de los vehículos y las frecuencias", dijeron los defensores, y advirtieron que están recibiendo quejas por el servicio.

"También nos gustaría saber si las unidades deben contar con rampas para ascenso de discapacitados, y si se cumple con tal ítem", puntualizaron en la nota dirigida a la autoridad de contralor provincial.

Por otro lado, la Defensoría pidió al Ejecutivo local "que lleve adelante un estricto control de la circulación de unidades de transporte con rampas para ascenso de discapacitados, cumpliendo las frecuencias y la información debida al usuario".

Solicitó además una campaña de concientización sobre la normativa que establece cómo debe ser el ascenso a las unidades de transporte, donde debe respetarse la fila y tienen prioridad las embarazadas, los discapacitados y los mayores.

Los defensores pidieron la instalación de carteles en las paradas que informen esta norma. "Ha llegado a esta Defensoría la sugerencia de algunos vecinos relacionada con la necesidad de que en el acceso a las unidades del transporte público de pasajeros se respete la fila y se establezcan las prioridades de ascenso", mencionaron, y subrayaron que "son numerosos los reclamos vinculados a las frecuencias de unidades con dársenas para ascenso y descenso de personas con discapacidad motriz".

Destacaron que el respeto del orden de llegada a la parada "es una cuestión no sólo de orden sino de consideración al otro y de organización", por lo que "se hace imprescindible el orden en la fila a fin de agilizar el ascenso de todos los pasajeros, dando prioridad a quien porta silla de rueda, bastón o andador".