En el escrito presentado ante el Juzgado Federal, el asesor letrado expresó que "la Nación celebró un convenio con la Municipalidad para la construcción de 409 viviendas del Plan PROCREAR, pero la iniciación de los trabajos se ve entorpecida por la presencia de personas que, en los últimos dos meses, se han instalado en precarias casillas de madera, generando situaciones de peligrosidad para sí y para terceros".

El funcionario dijo que "con motivo de la difusión que tuvieron las gestiones que realizó el intendente Ponce para iniciar la obra, inmediatamente algunas personas, aparentemente con apoyatura de otros individuos que lucran con las necesidades de los más vulnerables, han promovido la usurpación de esos terrenos".

"No obstante, la Municipalidad hizo un relevamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que permitió determinar la existencia de familias que están en el lugar hace más de veinte años. De modo que hay que diferenciar la situación de ellos con la de quienes se han instalado ahora, aprovechándose de las gestiones que hizo el intendente ante el gobierno nacional", señaló el asesor letrado.