El juez de Instrucción suplente, Gerardo Román Sainte-Marie es el que investiga la causa sobre la presunta liquidación irregular de unos 50.000 pesos en los haberes de junio de empleados del Consejo General de Educación (CGE), y en ese marco, se produjo ayer la presentación espontánea de un ciudadano cuyo testimonio podría comprometer a algunas de las autoridades educativas de la provincia.

Se trata de Hugo Alfredo García, que pidió prestar declaración con la intención de sostener –entre otras cosas– que la titular del CGE, Graciela Bar, falta a la verdad cuando dice que “la irregularidad fue detectada por sus funcionarios; más bien ocurrió todo lo contrario”, ya que según esta persona, inicialmente se habría intentado ocultar la situación.

Sostiene García que, ante la indeferencia de las autoridades de Educación, “uno de los empleados que descubrió la irregularidad realiza la respectiva denuncia”, pública lo que le valió reprimendas y amenazas, lo que constaría en una denuncia policial oportunamente realizada.

García le atribuye a Bar –según consigna en una carta que envió a este medio y que ayer entregó también en la Justicia– haber sostenido una serie de falsedades respecto de la situación denunciada, que tendrían como intención cubrir a determinadas personas en perjuicio de otras.

“Me pongo a su disposición para aportar mayores datos o informaciones que puedan aclarar este oscuro panorama, donde lo único que se visualiza son procedimientos mafiosos, que castigan como siempre al más débil, desprotegido y honesto trabajador, en beneficio del más ‘vivo’, audaz y hasta valeroso recaudador de la corona”, señala en una parte de su escrito que reproduce diario Uno.