La norma cuya aprobación se pretende tiene origen en el marco de las negociaciones llevadas a cabo, con el fin de establecer políticas que tiendan a la percepción de un salario digno, justo y equitativo. Teniendo en cuenta lo peticionado por los sectores gremiales y el compromiso del Poder Ejecutivo de llevar adelante una política salarial, adecuando progresivamente las remuneraciones con el fin de preservar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores es que se solicita la aprobación del proyecto de Ley en cuestión.

La decisión del Alto Cuerpo fue tomada mediante acuerdo extraordinario en el cual su presidente, Rolando Toledo, y los ministros Ramón Rubén Ávalos, María Luisa Lucas y Alberto Modi entendieron que “como solución de emergencia” resulta “necesaria una inmediata recomposición de los salarios del Poder Judicial en orden al proceso de deterioro de los mismos, causado por factores inflacionarios”.

Asimismo, consideraron “imprescindible en este escenario, llamar a las partes a la reflexión, de modo tal de acercar las posiciones con el fin de encontrar un justo equilibrio que permita la recomposición de las remuneraciones”.

También recordaron que el STJ “ha concretado acciones destinadas a zanjar las diferencias, realizando reuniones con las asociaciones de empleados, funcionarios y magistrados judiciales, y gestiones ante las autoridades competentes a fin de obtener soluciones consensuadas con las partes involucradas con el conflicto, el que esencialmente gira sobre cuestiones salariales.

Conciliación obligatoria

Además solicitaron a la directora de la Dirección Provincial del Trabajo, Celia Meza, que implemente el procedimiento de la conciliación obligatoria “a fin de garantizar de inmediato la continuidad de la función judicial”, sin que ello signifique resignar las atribuciones legales del STJ. La nota fue recibida en dicha dependencia, que forma parte del Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo, a las 12.50 de la mañana de hoy martes.

En este sentido designaron al presidente Rolando Toledo y al ministro Ramón Rubén Ávalos para que, en forma conjunta o indistintamente, actúen en representación del Superior Tribunal en la audiencia de conciliación obligatoria, como asimismo de toda otra convocatoria que fuera realizada por la Dirección Provincial de Trabajo.