Biscay dio inicio a la charla, refiriéndose a que “la pelea contra los delitos de poder económicos ha sido huérfana”, pero que de todas formas es un “avance importante” en lo que tiene que ver con las irregularidades.

Particularmente, se refirió a los llamados delitos de cuello blanco, definidos como aquellos “cometidos por personas que, en virtud de su status social, incurren en la comisión de delitos, creyéndose amparados por dicho estatus. Además, son también los cometidos específicamente por personas con poder económico o políticos, mismo que los suele hacer inmunes”.

“El derecho penal ha sido reticente a incorporar dentro de los términos doctrinarios y la jurisprudencia la responsabilidad penal de personas jurídicas. Esto es crear argumentos funcionales a la impunidad”, aseguró.

Para finalizar su discurso, Biscay manifestó que “este anteproyecto es una persecución a entidades financieras que funcionan como cuevas”, y que significa también un “avance en el reconocimiento jurídico y penal de la responsabilidad de las corporaciones”.

Luego, Ernesto Liceda se refirió a los avances en materia informática que posee el anteproyecto. “El artículo 123 se equivoca en un término, que es el de identidad. Nadie puede usar la identidad de otro. El término sería identificación”, puntualizó.

Luego, subrayó que “aumenta las penas porque hay un cambio importante en el concepto de información. La privacidad siempre fue muy valorada desde la postura de que el estado no se meta en nuestra vida. Hoy la privacidad se cuida no tanto desde el estado, sino desde otros particulares y desde otras corporaciones”.

Además, en otro de sus artículos “ordena la publicidad o comunicar de las informaciones de otras personas. La pena es más grave si se trata de un funcionario público”.

Liceda valoró la actividad de los hackers, y manifestó que “es muy importante no penarlo con condenas eternas. No se penalice siempre y cuando no se haga daño”.

Finalmente, el integrante de la comisión que redactó el documento, Ricardo Carlés, resaltó en primer lugar el foro realizado por Ecos, y manifestó que “es la primera vez que veo que se aborda el código penal desde varias perspectivas distintas”.

El doctor en Derecho destacó la existencia de una comisión plural con mayor participación parlamentaria y explicó cómo se llegó a hacer la reforma, mostrándose no como un defensor acérrimo de la iniciativa, sino planteando varias críticas.

En primer lugar, expresó que “la ventaja fundamenta es que es un texto consensuado” que fue realizado en principio con las ideas de variadas fuerzas políticas. “Se delineó un objetivo: volver a tener un código penal”.

“El texto es perfectible y todo lo que pueda hacerse lo haremos en estos días”, manifestó, y subrayó dos puntos: “La incorporación del derecho constitucional, ampliados”, y la “absorción del código penal de contravenciones y faltas”.

Por otro lado, Carlés afirmó que hay un debate pendiente en cuanto al ambientalismo y la criminalidad económica, y sugirió que la inclusión de las nuevas figuras no tiene que ver con los delitos que ocurran en la práctica. En este sentido ejemplificó con el femicidio, que después de que se incorporó, creció un 15 por ciento.

Además, el catedrático habló de la selectividad del código penal para tratar las pequeñas y medianas empresas.

“Al contrabando le corresponde la misma pena que el delito consumados. No incluir el lavado culposo me despierta dudas porque vamos a ver lo que se plantea respecto a los delitos penales”, señaló, y aseguró que “tengo dudas del cómo y el grado en que la política criminal se vinculará con otros estamentos del estado”.

Además, mencionó el objetivo de las normas. “¿La ley penal tiene que tener una penalidad recaudatoria?. Creo que no”, dijo.

Finalmente, se refirió a una de las cuestiones más reprochables en la opinión pública, y cortó por lo sano la teoría: “La reincidencia no se elimina. Se elimina la palabra, las penas sustitutivas. No la sustituye para nada, sigue estando presente”.