En octubre del año pasado, y ante la presencia de una oleada de pedidos para abrir nuevos locales comerciales en la ciudad vinculados al sector supermercadista, el Concejo Municipal suspendió por el lapso de seis meses las habilitaciones y se comprometió a elaborar una ordenanza que regule la llegada de futuras inversiones. La medida llegó como respuesta a la preocupación mostrada por empresarios y comerciantes, que veían amenazada su actividad ante la proliferación principalmente de autoservicios de origen chino.

Rafaela fue uno de los Municipios a nivel provincial que dio el primer paso para comenzar a trabajar el tema. Luego, una medida similar fue adoptada también por el gobierno santafesino, en medio de un debate que actualmente se extiende a lo largo de todo el territorio provincial.

El objetivo es lograr un marco regulatorio que garantice un desarrollo ordenado de emprendimientos como hipermercados, supermercados o autoservicios, sin afectar los intereses de los comerciantes locales y garantizando las posibilidades comerciales de todos.

En nuestra ciudad, lo primero que se hizo fue organizar un relevamiento para conocer la realidad del sector. El mismo estuvo a cargo del ICEDeL y arrojó algunas cifras sorprendentes: son más de 500 los autoservicios que trabajan en toda la ciudad, concentrados fuertemente en una decena de barrios y generando cerca de 1.500 fuentes de trabajo. También se calculó la superficie comercial ocupada: 48.486 metros cuadrados. Un dato clave para determinar si la misma se corresponde con la cantidad de habitantes actuales.

Partiendo de estos datos, el oficialismo comenzó a analizar el contenido de la nueva normativa. Lo hizo con la base de un borrador presentado por el Centro Comercial, y comparándolo con diversas ordenanzas de todo el país. Ahora, a diez días de que venza la suspensión de habilitaciones, el proyecto parece estar casi listo y se dará a conocer públicamente en el transcurso de esta semana. La idea es presentarlo al Centro Comercial para que pueda hacer sus aportes. Una consulta que se producirá en un momento donde las relaciones entre el Concejo y el CCIR no parecen atravesar su mejor momento. También se lo mostrarán al Centro Empleados de Comercio. Luego, se le dará entrada oficial al Concejo con el objetivo de poder llevarlo al recinto en la sesión de la semana que viene. En el caso de haber algún contratiempo, no se descarta la presentación de alguna prórroga a la suspensión.

Si bien los detalles del proyecto se podrán conocer en profundidad durante los próximos días, se sabe que las habilitaciones de ciertos comercios estarán permitidas sólo en determinadas zonas, y que se deberá respetar una distancia mínima con los locales del rubro, algo que se conocerá con el nombre de "zona de no superposición comercial".

También se avanzará en exigencias de infraestructura como las distancias que deberán tener las cámaras de frío en cada uno de los comercios o las dimensiones de las playas de estacionamiento.

Uno de los temas que todavía no está del todo definido en el proyecto que maneja el Ejecutivo es el de los usos preexistentes. Se busca que la medida resulte lo menos dañina posible para los pequeños comerciantes. Pero todo indica que, tras la aprobación de esta ordenanza, habrá algunos comercios que no podrán seguir funcionando donde están y deberán mudarse.