Varios son los indicadores que manifiestan cuando una sociedad es más o menos democrática y entre ellos sin lugar a dudas, la libertad de expresión representa A un pueblo que pese a las diferencias o desacuerdos puede convivir en el disenso.
Frases como “Diego Madoery Candidato UCR” en pasacalles o “Madoery =UCR” en pintadas, menciones en programas de canales oficiales y hasta campañas difamatorias en las redes sociales, tienen como fin último el descrédito de un comunicador y exponen un retroceso importante en el ejercicio de los derechos fundamentales.
Porque en Formosa, desde hace años, se da un proceso inverso al que el relato “oficial nacional y popular” sostiene, con ley de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incluida.
Medios oficiales que monopolizan y sesgan la información siendo entes públicos y empresas radiales o gráficas “bendecidas” por una pauta oficial discrecional, conforman una construcción hegemónica de la realidad, donde “todo esta bien” y en las cuales todos los funcionarios están dispuestos a “relatar” sus acciones en una fina sintonía con el gobierno.
Por fuera de la “pluralidad” declamada y no practicada, están todos los medios independientes o críticos, que no gozan de la logística interminable del dinero público y deben sostenerse con ingresos privados y limitados. Castigados con una evidente marginación de pauta oficial y además discriminados por funcionarios que no atienden los requerimientos periodísticos, como si pudieran negarse suministrar información pública.
A este escenario se suman los ataques a la credibilidad, a la libertad de opinión, al ejercicio libre de la profesión, mediante el hostigamiento en la vía pública y con anónimos cobardes, visiblemente permitidos por agentes del orden público que a su vez, solo actúan haciendo la vista gorda, si la orden viene del “Quinto Piso”.
Nunca se vio una escalada de este nivel hacia medios críticos, que exacerban los ánimos y que podrían ser intrepretados por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, la seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen esa libertad de expresión.
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