En principio queremos destacar el reconocimiento hecho por el gobernador de la provincia sobre el trabajo realizado por la oposición, que incluye el haber advertido sobre la imposibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones con asalariados, proveedores, productores, municipios y demás por el incesante aumento del gasto público, situación que ha conducido a la provincia a un estado de paralización de las actividades que desarrollan los distintos sectores.

En segundo lugar nos preocupa sobremanera que no haya formado parte de su discurso alternativas para superar situaciones de compleja actualidad como la que atraviesan el sector educativo, sanitario y de seguridad. Párrafo aparte hubiese merecido el sector productivo, motor económico de la provincia y la región, y en la que sus campesinos reciben como única propuesta, además del maltrato, regímenes tributarios confiscatorios y reiterados incumplimientos sobre diversas asistencias prometidas.

Tampoco se han escuchado alternativas destinadas a combatir el trabajo informal y el desempleo que distan mucho del 0,4% oportunamente anunciado por el gobernador y tomado del INDEC; la misma suerte corren los indicadores sociales: 40% de la población por debajo de la línea de pobreza; crítica realidad social solo enfrentada con una tarjeta alimentaria mensual (cuando se corre con suerte) de $80 frente a una canasta básica que supera los $2300; comedores que cierran y los que subsisten lo hacen gracias a la solidaridad de la sociedad ya que el estado sigue enviando $0,55 por día para alimentar a un niño.

No hemos escuchado propuestas superadoras a la crisis energética que vive la provincia a pesar que desde su comienzo esta gestión ha incrementado un 300% las tarifas y cobra a los usuarios un cargo fijo que, hasta la fecha, les ha permitido recaudar más de $150 millones;

Y lo más preocupante. A pesar de haber transcurrido un tiempo considerable, no hemos escuchado al gobernador cual será su actitud frente a las denuncias por el mismo formuladas en un documento oficial que lleva su firma y en el que reconoce que la ineficiencia y corrupción de su gestión le ha costado al Chaco a diciembre de 2012, $2500 millones, solo en educación. Frente a esta situación solo hemos asistido al enroque de esos funcionarios o a su transferencia a cargos nacionales, cuestión que coloca, una vez más a la provincia, ante un grave y serio escenario institucional.

Nos preocupa sobremanera el bienestar del Chaco, por lo tanto, y como siempre lo hemos hecho, estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para revertir esta realidad, pero desde ya le recordamos al señor gobernador que el rol de gobernar es de su exclusiva responsabilidad.