El Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Mar del Plata señala con gran preocupación la vulneración de derechos constitucionales por parte del Gobierno Nacional en la toma de decisiones sobre explotación petrolera, soslayando el deber de información fundamental en procesos de Participación ciudadana. La provocación de un daño ambiental excede una mera probabilidad.
¿Quién ofreció a la comunidad un informe de Impacto Ambiental realizado con la intervención de científicos probos en la temática?
¿Cuánto sabe la población de las experiencias sobre derrame y consecuencias del sistema de extracción?
Profundizar la matriz energética extractivista y fosilista, implica un camino de mucha responsabilidad gubernamental, que debe contar con la mirada de expertos en la materia, y con ello elaborar una información clara, transparente y pública. Este es el punto de partida para poner en marcha un proceso de participación ciudadana.
Decimos proceso de participación, porque la audiencia pública no debe agotarse con el discurso de un representante técnico de las empresas interesadas, donde explican según su criterio cual es el impacto ambiental, como el caso del director del Estudio de Gestión Ambiental de Equinor, Mariano Miculicich, quien catalogó a esa explotación petrolera como de bajo a moderado impacto ambiental.
El ciudadano no cuenta con herramientas disponibles para poder evaluar esos informes, debe aceptarlos y rogar que en un futuro no tengan que reclamar la remediación del sitio que seguramente costará millones de pesos, donde el valor de los bienes y servicios ecosistémicos en riesgo puede ser incalculable e irreparable.
El mencionado Instituto ante esta circunstancia se encuentra trabajando en tareas de investigación y búsqueda de datos para abordar integralmente el problema y elaborar un informe Institucional.
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