Un informe elaborado por el Colegio de Profesionales en Servicio Social (CPSS) junto a otros organismos denuncia que la infancia se encuentra en una situación preocupante en Córdoba debido a la ausencia de políticas públicas adecuadas y suficientes por parte de la Provincia. Un sondeo de 138 casos sumados a los testimonios de trabajadores en áreas de niñez indica que los recursos destinados a los niños, niñas y adolescentes son insuficientes, lo que se traduce en un acceso desigual a la salud y la educación y en una falta de respuestas ante situaciones de violencia y abandono.

Los primeros resultados del relevamiento que elabora el colegio de trabajadores sociales indican que en la provincia existe una importante vulneración de los derechos de niños y jóvenes, una situación que empeora en el interior cordobés debido a que las delegaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) aún no fueron creadas o funcionan en muchos casos de manera irregular.

La existencia de una “política de desinversión en la política pública dirigida a la Infancia, la subejecución de los escasos recursos previstos para este sector de la población”, el incumplimiento de las obligaciones de la Senaf, la ausencia de articulación entre los distintos organismos y la inexistencia de lineamientos claros para abordar las situaciones de violación de derechos son algunas de las irregularidades enumeradas en el informe.

Estas falencias derivan en una vulneración de los derechos de los chicos y también en una revictimización de aquellos niños que se vieron afectados por situaciones familiares, sociales o económicas. En ese marco, quienes realizaron el relevamiento a nivel provincial destacan que tampoco existen alternativas a la privación de la libertad para aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal.

“Observamos que no existe una decisión estructural, una política de inversión para adecuar las políticas públicas en el campo de la niñez de acuerdo a los contenidos de la ley nacional y provincial”, expresó la licenciada en Trabajo Social María Angélica Paviolo, presidenta del colegio profesional, en relación a las nuevas normas de infancia que plantean un cambio de paradigma en base a un Sistema de Protección Integral de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Los chicos, sin respuesta

El informe realizado a nivel provincial, del que también participó el Colectivo Cordobés por los derechos de niños, niñas y jóvenes, establece: “En todos los niveles de aplicación del sistema de protección nos encontramos con múltiples situaciones no resueltas o con tardanza para dar respuestas a problemáticas ligadas a salud, la salud mental, las adicciones, la educación, la identidad, el hábitat, situaciones de abandono, discapacidad, maltrato y violencia familiar”.

En ese marco, el documento subraya: “Una importante parte de los casos relevados están atravesando por una situación de grave vulneración al derecho a la educación, a la salud y existen graves problemas relacionados al hábitat”.

A su vez, según la ley provincial 9944 de Infancia, el Estado también debe intervenir para restablecer los derechos de los niños en aquellos casos en que han sido vulnerados. En relación a este punto, desde el CPSS aseguran que la falta de definiciones en cuanto a los procedimientos que debe llevar adelante la Senaf, sumada a la desarticulación entre las áreas que deben intervenir en estos casos, representan importantes obstáculos para garantizar el bienestar de los chicos.

“La escasez de equipos descentralizados que recepten denuncias, realicen intervenciones y acompañamientos adecuados” es otra de las situaciones que según el informe terminan perjudicando a los niños cordobeses, especialmente a quienes viven situaciones de violencia o abandono.

Tanto la ley provincial como la ley nacional de infancia priorizan que los niños permanezcan con sus familias biológicas ante situaciones de conflicto y contemplan como medidas excepcionales que los organismos de aplicación excluyan a los chicos de sus hogares. En estos casos, el documento asegura que “se presentan situaciones de revictimización de los niños, niñas y adolescentes y riesgo de mala praxis para los profesionales involucrados”.

Para ejemplificar esta situación, Paviolo mencionó que existen casos de niños que no pueden volver con sus familias por determinadas circunstancias y deben permanecen durante largo tiempo en un hospital pese a haber recibido el alta porque el Estado aún no les ha dado una solución.

Esto se debe a que no hay lineamientos claros sobre cómo proceder ante este tipo de casos, por lo que las decisiones terminan quedando libradas a cada profesional. El problema empeora si se tiene en cuenta que los trabajadores de estas áreas no sólo son insuficientes sino que además “no han sido debidamente capacitados por el Estado”, alerta el informe.

Algo similar ocurre con los chicos que se encuentran en conflicto con la ley penal, quienes según las nuevas normas de infancia no deben ser institucionalizados como hasta ahora sino incluidos en programas y dispositivos que los contengan. Sin embargo, desde el CPSS observan que aún no se implementan alternativas para estos adolescentes.

El interior

Los niños, niñas y jóvenes del interior cordobés se ven especialmente afectados por las irregularidades detectadas en la provincia.

Ello se debe, según indica el estudio difundido, a que las delegaciones de Senaf son insuficientes o inexistentes en muchas localidades.

“Hubo promesas de apertura de Uder, que son unidades de regionalización, que no están funcionando o funcionan de manera deficiente”, dijo Paviolo en ese sentido y apuntó que éste es uno de los principales problemas detectados durante el relevamiento. Incluso, agregó que muchas de las delegaciones de la Senaf en el interior son dirigidas por referentes políticos y no por personal idóneo y capacitado.