Puede que la palabra en sí misma genere poco y nada si no es emitida en los ámbitos de la cibernética y del derecho, pero amenaza con cobrar un notable protagonismo más temprano que tarde. Se trata del grooming, denominación asignada a los casos de abuso infantil a través de Internet, puntualmente de redes sociales como facebook y badoo, ambas con millones de usuarios en todo el mundo.

Tal acción está tipificada como delito y Junín no está ajeno a sus efectos. Información a la que tuvo acceso este diario indica que durante 2013 ya se realizaron más de veinte denuncias en los tribunales locales, todas radicadas por las familias de niños y niñas de entre 12 y 16 años que han sufrido un engaño y posterior extorsión virtual.

Cinco de esos episodios dieron curso a sendas investigaciones judiciales, aunque todavía la factibilidad de dar con los culpables parece más que remota.

El director de Asistencia a la Víctima del gobierno local, Andrés Rosa, admitió que la problemática viene teniendo un crecimiento y una constancia más que importante y expresó que “lo más preocupante son las escasas posibilidades de desarticularla”.

En consonancia con esa última reflexión, el fiscal Sergio Terrón, que abrió cinco causas para averiguar el origen de estas maniobras delictivas, reconoció que “no es sencillo” llegar a buen puerto en las averiguaciones y, por ende, apresar a los responsables.

El funcionario judicial señaló que la mayoría de esos acosos son realizados desde el exterior. Lo más común es que sean personas mayores de edad que entran a Facebook, se apropian de la clave de la cuenta de una menor y se hacen pasar por ella, accediendo de esa manera a los contactos del usuario real. Aprovechando que las amigas de la persona estafada creen que quien les está hablando es su compañera de siempre, el impostor empieza a proponerle juegos, que pueden cobrar un tono cada vez mayor si sus interlocutoras tienen la computadora en su habitación, lejos de la vigilancia de los padres.

Además, la interacción entre estafador y estafado suele quedar registrada mediante cámaras web y las imágenes son utilizadas por el delincuente para extorsionar a las niñas a no abandonar la “sesión erótica”, bajo amenaza de hacer circular la filmación.

El fiscal aclaró que dar con los culpables de estas operatorias no es fácil porque “van cambiando de lugar a cada momento, no lo hacen desde una computadora única y se cuidan mucho de no dejar rastros técnicos que permitan localizarlos”.

Una ley controvertida

Mientras tanto, esta semana se aprobó una ley que penaliza el grooming. Controvertida, la nueva norma divide a legisladores, padres y ONGs, muchos de los cuales aseguran que la flamante ley podría vulnerar derechos básicos y fomentar la cíber vigilancia. Algunos, incluso, van más allá en sus críticas y aseguran que lo único que se hizo fue “darle un marco legal a la pedofilia”.

La aprobada esta semana fue la versión original del proyecto de ley de septiembre de 2011. Entre sus principales puntos, propone penar “con prisión de seis meses a cuatro años al que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual”.

Sucede que la ley aprobada en el Senado desestimó los cambios propuestos por algunos legisladores; modificaciones que eran resultado de varias jornadas interdisciplinarias donde participaron padres, ONGs, especialistas en tecnología y derecho. Entre esas variantes, se buscaba bajar la escala penal adecuándola con los parámetros estipulados para el delito de abuso sexual; aclarar que el autor del delito debía ser mayor de edad y se proponía mayor especificación sobre la acción a penar. “Así como está aprobada -asegura María Raquel Holway, titular de Alerta Vida (una ONG que trabaja para cuidar a los chicos de potenciales pedófilos y recluta voluntarios contra la pedofilia)-, la ley no hace más que legalizar a la pedofilia online, porque está redactada con un mínimo de pena de seis meses. En Argentina todo delito que tiene una pena mínima menor a un año no conlleva prisión, por lo que esta ley dejaría a todos los responsables de grooming libres. No queremos pedófilos barriendo las calles o pagando multas. Los queremos presos”.

Por su parte, el fiscal juninense Sergio Terrón consideró que “las intenciones pueden estar muy bien orientadas, pero de ahí a que puedan ser efectivas hay una distancia muy grande”.

Terrón aclaró que con esa afirmación no está dando por tierra ni con las investigaciones iniciadas ni con la esperanza de las víctimas de que su abusador pague por lo que hizo, sino que está “dejando constancia de que el esclarecimiento no es una tarea fácil”.

“Lo es, más que nada, porque no resulta tan fácil que desde otro país den curso a una orden de detención por un caso como estos, que a nivel global lamentablemente todavía no es considerado como se debe”, explicó el fiscal.