La continuidad de un conflicto en las clínicas privadas preocupa ya al gobierno por su eventual influencia en el sistema de Salud integral, y el asunto provocó que este lunes 4 de marzo se reunieran representantes sindicales con diputados para considerar el cuadro de situación.
Jara manifestó que el principal argumento que esgrimen los titulares de las clínicas privadas con respecto al pago de haberes a los trabajadores de la salud es el incumplimiento en los pagos de la obra social provincial estatal (ISSN).
El representante legal de ATSA, Gustavo DeliaCara, explicó que “los trabajadores se encuentran prisioneros en un sistema perverso, ya que son obligados a trabajar aunque hace tres meses que no perciben sus salarios, como ocurre actualmente en una clínica de Zapala”
Rojas estimó la conveniencia de que intervenga en el tema el ministerio de Salud de la provincia, para verificar que se cumplan las obligaciones salariales, “teniendo en cuenta que el servicio de salud es un servicio esencial y de continuar el conflicto recargaría el sistema de salud pública”.
“En caso de que las clínicas no cumplan con sus responsabilidades como empleadoras, deberían ser sancionadas”, sostuvo el legislador.
El servicio de salud privado nuclea a más de 8.000 trabajadores, de los cuales la gran mayoría son mujeres, se informó.
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