El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional proyecta la construcción de doce mil nuevas viviendas en Posadas en un predio de poco más de 700 hectáreas que el Estado adquirió después de declararlas de utilidad pública y comprarlas a sus propietarios.

El nuevo desarrollo inmobiliario se desarrollará en la zona Oeste de Posadas, entre el aeropuerto y el Parque de la Ciudad.

Santiago Ros, presidente del Iprodha, indicó que las tierras fueron adquiridas tras la sanción de una ley que las declaró de utilidad pública el año pasado. Se pagó cerca de 34 millones de pesos -de acuerdo a lo tasado por el Tribunal de Tasación de la Provincia-, cuya última cuota se abonará este mes.

El organismo ya inició la mensura y trabaja en la limpieza y adecuación de los terrenos y en las condiciones de seguridad para el desarrollo de infraestructura y canalización de arroyos.

Inicialmente se harán las conexiones subterráneas de agua, electricidad, fibra óptica y el sistema de cloacas, para después iniciar las obras de las viviendas, que, se estima, estarán terminadas para fines de 2012.

De este modo, el Iprodha prevé ahorrar 40 por ciento del costo de infraestructura, ya que no deberá remover nada una vez que se inicien las obras.

En la zona se proyectan distintos tipos de barrios y se harán los loteos una vez que estén definidos los proyectos, lo que implicará el desarrollo de una nueva mini ciudad, que contará con todos los servicios.

Ros indicó que serán barrios similares a los que se edificaron al sur de la avenida Quaranta, donde en los últimos siete años se hicieron otras doce mil viviendas, con la diferencia de que se levantaron en cinco mil hectáreas que fueron urbanizadas por el Estado.

El desarrollo contra la especulación

Posadas necesita terrenos y ante la necesidad, crece la especulación financiera. El Iprodha calculó que el valor de los terrenos que puede adquirir el Estado al norte de la avenida Quaranta aumentó cuatro mil por ciento en los últimos siete años, con una rentabilidad que no registra ninguna otra actividad. Por eso, los propietarios de terrenos baldíos prefieren no vender sus propiedades y especular con su valor ante la compra del Estado o privados que quieren desarrollar emprendimientos inmobiliarios.

En esa zona, el Gobierno invirtió en los últimos años, 600 millones de pesos en infraestructura -avenidas, agua potable, canalización-. Pero todavía quedan 1.080 hectáreas que son baldíos y que costarían la friolera de 500 millones de dólares, aunque los propietarios incluso llegan a valorizar a 200 dólares el metro cuadrado, casi lo mismo que en Puerto Madero. Sin embargo, lo que pagan en impuestos -como son baldíos, zonas “suburbanas o campos”- debe ser la centésima parte.

“Se debe replantear rápidamente el uso del suelo y evaluar el impuesto inmobiliario, sobre todo el urbano y se debe castigar duramente a los propietarios de terrenos baldíos”, puntualizó Santiago Ros. “Esta gente impide que la ciudad crezca”, cuestionó.