La orientación que el oficialismo eligió para reubicar los precios de la canasta básica no han hecho otra cosa que acrecentar la recaudación de las grandes cadenas de hipermercados nacionales y extranjeras. Es así que el Estado otorgó millones a grupos concentrados de la industria alimenticia, para que sostuvieran los precios, cuestión que nunca sucedió.

“En lo que hace a la carne, el Gobierno les da subsidios a los feed lots por más de $ 350 millones, y a los productores de pollos, de $ 300 millones, para que ambos productos valgan menos. Esta medida no repercute favorablemente en los consumidores”, asegura Pedro Bussetti, presidente de la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores, que además explicó que los más perjudicados son los comercios de barrio, ya que “no reciben subsidios y mantienen precios más bajos que las cadenas de supermercados”.

“Los grandes empresarios tienen un precio superior a un 30% en relación a los mercados de los barrios, que son los que no reciben ni un peso del Estado”, concluyó Bussetti.

Los subsidios a la producción lechera, donde se encuentra una de las mayores concentraciones de la industria (60% de la producción en dos grupos empresarios), llegan en 2010 a los $ 303.703.816,40 (mientras que acumulan más de $ 1.000 millones desde 2007). Por su parte, la industria de la carne (uno de los productos que más aumentaron), más precisamente los feed lots, percibieron $ 364.950.875,03, y en los últimos tres años las compensaciones superaron los $ 1.500 millones.

Dichos datos se contraponen con el espíritu que plantea en su página web la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncaa), que asegura que la política de compensaciones “es un mecanismo que alienta el desarrollo de la actividad agropecuaria, al mismo tiempo que mantiene los precios de los alimentos en el mercado interno a un nivel razonable”. Dicho organismo es el que regula las “compensaciones” a las distintas empresas, y el que en algún aspecto debería evaluar la funcionalidad de las mismas.