Con el propósito de confeccionar un registro, dentro del partido de Rojas, de los pozos de agua para riego que utilizan en el ámbito agropecuario algunos productores y empresas arrendatarias de campo, con el fin de mejorar la rentabilidad en sus cosechas, es que el gobierno local ha pedido un informe de situación a la provincia de Buenos Aires, a través de su ente regulador, la Autoridad del Agua (ADA).

El informe deberá indicar la cantidad precisa de pozos para riego habilitados para su funcionamiento, como también así datos sobre pozos que, ya utilizados y en desuso, han cumplido debidamente con el sellado técnico correspondiente, para no constituirse en fuentes de entrada y contaminación de las napas de agua explotadas oportunamente.

A nadie escapa que el agua constituye un recurso no renovable y, como tal, el uso debe ser controlado eficientemente por el Estado, responsable primigenio de su preservación. Y es el Gobierno de la Provincia, a través de su organismo de control técnico y legal, la Autoridad del Agua, quien debe dar respuesta y soluciones a esta problemática, ya que éste no delega poder a las municipalidades.

En ese sentido, desde el gobierno local se aclaró que «no se pretende entorpecer la producción, el crecimiento y desarrollo de cultivos y pasturas de la zona, sino que se apunta a obtener información sobre las referidas actividades para lograr el impulso de los controles pertinentes y la observancia estricta de la legislación vigente en materia de explotación de recursos hídricos subterráneos».

«Estos constituyen la única fuente de agua potable disponible y manejadas de manera intensiva, sin normas técnicas aplicadas o reguladas, pueden generar un deterioro en la calidad del suelo por arrastre de sedimentos hacia la superficie, y perjuicio económico a los productores de ese entorno por la sobreexplotación y baja de las napas», se indicó.

CONCEPTOS DE

DANIEL GALLO

“Estamos trabajando sobre los pozos de riego que existen en el partido de Rojas para uso agropecuario. Para eso mandamos a pedir información a la Autoridad del Agua, que es el organismo que tiene competencia en el ámbito provincial, porque los municipios, por más que tengan su autonomía no tienen ingerencia sobre el control de los pozos de riego y lo que queremos hacer es una ordenanza a nivel municipal pero indudablemente chocamos con que no tenemos autonomía», explicó al respecto el veterinario Daniel Gallo, titular del área de Bromatología de la comuna.

Lo que se pretende saber, explicó el funcionario, «es la cantidad de pozos que existe y si tienen algún tipo de control; incluso qué tipo de tratamientos se le hace una vez que están en desuso, como para sellarlos y que no se produzca una contaminación de las napas».

«La idea es que nos puedan dar una cierta autonomía dentro del municipio como para poder registrar todos los pozos de riego que existen en el partido y para que estos tengan un uso adecuado», añadió.

El pedido de informes tiene además otra base muy concreta. «Estamos calculando que cada pozo de riego tira casi 200 millones de litros, normalmente, si se utilizan 200 milímetros extra para un cultivo, que es lo mismo que decir 200 litros por metro cuadrado, en tanto que cada pozo tiene una autonomía de riego de 100 a 130 hectáreas», explicó Gallo.

«Se está haciendo uso de un recurso natural que puede ser perecedero también si no está bien controlado», insistió

Por otro lado, explicó que «el pedido de informe fue elevado hace unos veinte días y todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Asimismo estamos en contacto con la gente del ADA, están al tanto de nuestro pedido y hablamos personalmente y están a su vez interesados en lo que nosotros les proponemos sobre una cierta autonomía para control en el ámbito de nuestro partido, porque hay empresas grandes que alquilan campos que son las que mayormente utilizan este tipo de riego».

Además, Gallo apuntó que se hace necesario realizar «un buen relevamiento» de los pivotes de riego existentes, ya que «si la municipalidad tuviese la facultad de poder regularlos y registrarlos en forma obligatoria, tendríamos la certeza de la cantidad de pozos que existen».

También puntualizó que lo que se procura es que tales instalaciones «cumplan con las normas medioambientales, que no produzcan impacto ambiental y para eso todo pozo que se haga tiene que tener un registro y debe ser realizado por alguien que esté capacitado para hacer la perforación».

En ese sentido, dijo que «se pretende que se haga toda una prefactibilidad técnica del encamisado de ese pozo y después el control para que el arrastre -porque a veces en épocas de pocas lluvias es cuando se van sobreexigiendo las napas de agua- no produzca un perjuicio a los vecinos, porque normalmente las napas de agua se deprimen, van hacia abajo por la sobreexplotación; y que luego esa sobreexplotación no haga que se acumulen nitratos o carbonatos en el suelo, ya que lo desmejoran».

«Es un tema que hay que controlar, y de hecho el municipio también está inscripto en el Comité de Cuenca del Arrecifes, o sea una asociación de los municipios que están tratando este tema en conjunto con la Autoridad del Agua, pero creo que a nivel particular nosotros también podemos ejercer otro tipo de control que creo tendría que ser estrictamente municipal”, concluyó.

SITUACIÓN

EN ROJAS

En nuestro distrito, como este diario lo ha consignado en distintas oportunidades, se han multiplicado los pozos de riego, y se han multiplicado también varias veces las hectáreas atendidas por esos sistemas, según lo demostraron relevamientos satelitales efectuados por el GIS del INTA, en el período 2004-2005. Varios años después de esos relevamientos, aunque no tenemos nuevos datos, nada parece sugerir que la situación haya variado. De hecho, lo más probable es que se haya agravado.

Por otro lado, se sabe que siguen apareciendo pozos de riego artificial instalados sin que medie, aparentemente, ninguna autorización. Esto ha generado las pertinentes denuncias de este municipio, durante gestiones anteriores, a la Autoridad del Agua, que ha intimado a los propietarios de esas explotaciones a que regularicen su situación.

Pero este contralor, así diseñado, demanda, necesariamente, tiempo, y no burocrático solamente, sino real, tiempo físico. Y esa es la clave de la cuestión: si el poder de policía -o por lo menos un mínimo poder de control, como el que reclama esta gestión- lo tienen los propios municipios, se podrá actuar con mucha mayor premura, porque aquí hablamos de la explotación de la napa freática, de la cual también se abastece la ciudad.

Los problemas dimanantes de la sobreexplotación del acuífero en este distrito -que ya no es una posibilidad, sino un hecho demostrado científicamente- son gravísimos: la mayor parte de los equipos de riego están instalados aguas arriba del acuífero, siguiendo su dinámica natural. Esto puede llegar a privar de agua a la ciudad, además de agotar la napa en una medida mayor que su posibilidad de recuperación natural, aún contando con un régimen de lluvias ideal durante varios años consecutivos.

Por otro lado, se corre el riesgo de generar contaminación por sobreexplotación, al removerse las aguas seculares: la presencia de arsénicos suele ser una prueba de ello. Si bien las mediciones indican que esos niveles están por debajo de lo que estipulan las normas, su detección es un indicador muy preocupante: quiere decir, ni más ni menos, que hay sobreexplotación. Pero esto, obviamente, redundará en la calidad del agua del acuífero, que es la que utiliza la comunidad.

Además, existe la práctica de abrir pozos, explotarlos, y abandonarlos sin el sellado correspondiente, lo cual hace que las perforaciones sean proclives a absorber contaminación externa, ya sea por agroquímicos o similares.

En suma, son varios puntos a tener en cuenta; lo positivo es que se trata de aspectos mensurables y previsibles. Pero para ello es necesario que los municipios, por una sencilla cuestión de ejecutividad, tengan la posibilidad de ejercer el correspondiente control.

En este sentido, es importante aclarar que no son, en general, los productores agropecuarios pequeños y medianos responsables de esta situación; la mayor parte de los pozos instalados en el distrito corresponden a empresas de gran magnitud.

Además, reiteramos: no es que ni este diario, ni los gobiernos municipales, ni la Autoridad del Agua, estén necesariamente en contra del riego artificial, que es una herramienta agrícola necesaria, sino de la instalación de pozos al margen de las normas. La sobreexplotación del acuífero por medios artificiales es un atentado al patrimonio natural del distrito; si es inevitable, debe regularse. Y para ello es absolutamente imprescindible avanzar en la descentralización del poder de contralor de la Autoridad del Agua.

Y por eso también se hace imperioso contar con datos actualizados. Porque los últimos de que disponemos son contundentes: del completo relevamiento de los pozos de riego existentes y operativos en la zona de campaña del distrito durante 2004-2005 y 2005-2006 efectuado por el INTA, los datos más importantes establecen que durante la campaña 2004-2005 se verificó una superficie bajo riego de -aproximadamente- mil hectáreas, a un promedio de setenta hectáreas, lo que equivale a unos quince lotes bajo riego, y un radio promedio de influencia de cada pozo de unos cuatrocientos sesenta metros.

Lo interesante es que al 19 de febrero de 2006 se visualizaron sesenta lotes bajo riego, por una superficie total de 4.300 hectáreas: es decir que esto se multiplico el 4,3 con respecto al año anterior.

Como apuntábamos antes, es fundamental saber, a varios años de producidos los datos indicados, cuál es la situación actual.