Poviña pidió puntualmente a El Tribuno que entregue en un plazo de 72 horas los números de Protocolo de Internet (IP) de las últimas cinco conexiones, así como todos los datos registrales que se dispongan en la base de datos y almacenamiento digital, respecto de los usuarios “Calafate”, “Burrumayo” y “Kanon”. El pedido fue enmarcado como “Actuaciones Reservadas por averiguación de paradero”.

Revelar los datos personales de quienes comentan en la página web de un medio de comunicación lesiona gravemente la libertad de expresión y se contrapone al derecho periodístico de reservar las fuentes de información. Al respecto se expresó el asesor legal de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa), Gregorio Badeni, quien en diálogo con este diario manifestó su preocupación por el accionar del juez federal de la vecina provincia.

¿La intimación efectuada por el juez Poviña puede considerarse improcedente?

A mi modo de ver la petición del juez es manifiestamente improcedente, de acuerdo a lo que establece la ley 26.032 del año 2005. Esa ley dice que buscar, recibir, y difundir información e ideas de todo tipo a través de la Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Se equiparó a la Internet con todos los medios gráficos y todos los medios de comunicación masiva.

Ustedes reciben los datos de esa persona, pero no los dan a conocer. Reciben una información y la difunden, pero reservan la fuente informativa, que es otro derecho que está amparado por el artículo 43 de la Constitución Nacional: el secreto a las fuentes periodísticas. El juez no puede obligarlos a revelar esa fuente. Si él considera que ustedes con esa manifestación han incurrido en algún perjuicio a alguien es otro tema, pero no puede recabar esa información.

Podemos decir que es algo similar a lo que sucede con las cartas de lectores...

Es lo mismo que pasa con las cartas de lectores: los medios publican una carta de lectores que es agraviante, no dan los datos de la persona que la envió y, si alguien le pide los datos razonablemente y el medio lo decide, puede revelar la fuente, pero normalmente no lo hacen. En estos casos, si los usuarios no quieren que se revele la fuente, los medios no la revelan y están amparados por la ley para hacerlo y asumen las consecuencias de lo que se ha dicho.

Si con esa transcripción se agravia o insulta a alguien, son los medios los responsables del insulto.

¿Si el medio asume la responsabilidad, entonces por qué el juez solicita este tipo de información?

El juez estará actuando en una causa penal y ustedes no tienen por qué dar los datos de esas personas y, al no hacerlo, no están ocultando elementos de prueba para el juez. Que los busque el juez o el fiscal. Ustedes no pueden entorpecer la investigación, pero tampoco tienen por qué facilitarle los datos, sino estarían revelando la fuente de información.

¿Si se revelaran los datos que solicita el juez, se coartaría la libertad de expresión de los usuarios y comentaristas de la web?

No, porque el lector ejerció su libertad de expresión, pero ustedes se exponen. Si los revelan, no tendrán más información o más comentarios en este caso. Tiene que haber verosimilitud razonable entre el requerimiento del dato y el hecho que se investiga y, aunque existiera verosimilitud, tampoco tienen por qué dar la información.

Sin embargo, para que un juez le pida a un medio que abra su banco de datos revelando su fuente informativa, tiene que haber mucha verosimilitud y no advierto que pueda existir en este caso donde se busca un paradero. A lo mejor, quieren saber quién es esa persona, para que a su vez esa persona les dé los datos de alguien...

En el caso de que El Tribuno accediera al pedido de este juez, no sólo comprometería su credibilidad y la protección de datos personales de sus lectores, sino que estaría sentando un precedente que podría afectar a otros medios...

No le quepa la menor duda. Los pedidos de ésta índole son frecuentes y sé que hubo casos que no me consta cómo fueron resueltos pero estimo que los jueces no formularon la petición de las partes o, si la formularon, aceptaron la explicación del medio.

¿Cree que es necesario que se abra un debate para controlar la identidad de las personas que comentan en medios digitales, para que lo hagan con sus datos reales?

¿Para qué lo van a hacer? Los medios reciben información y cuidan que no haya malas palabras o que no sea agraviante. Se trata de abrir el espacio para el lector. Es lo que hacen todos los medios serios. Entonces a ese juez hay que preguntarle si le pediría esa información la versión impresa de El Tribuno, porque la ley 26.032 equipara la Internet con los medios gráficos y le otorga a los diarios online la garantía constitucional de la libertad de expresión. En segundo lugar, ¿por qué voy a revelar la fuente informativa si la Constitución Nacional me ampara para no hacerlo?

Como asesor legal de Adepa, ¿cómo analiza el pedido del juez?

El derecho responde a una idea sociopolítica dominante. En el caso de nuestra Constitución esa idea sociopolítica dominante es la libertad, de modo que uno llega a la conclusión de que hay jueces, como hay personas, que no son partidarias de una democracia constitucional donde la madre de todas las libertades es la libertad de expresión y, por eso, adoptan decisiones como ésta donde le dan más valor al derecho de la intimidad o a la vida privada o a cualquier otra cosa, pero relegan a un plano secundario a la libertad de prensa. Y eso no se condice con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que la libertad de prensa y la de expresión son libertades básicas y, con mayor énfasis, lo dice la Corte Europea de Derechos Humanos. Yo diría que es un juez que tiene una concepción sociopolítica distinta a la que nutre a la Constitución Nacional.