Las objeciones al proyecto minero están relacionadas con la potestad o no de la Provincia para controlar la construcción de un tendido eléctrico y con la dimensión del abastecimiento de gas que requerirá la mina.

Respecto al primer asunto, la postura de los legisladores difiere de acuerdo a la interpretación legal del monitoreo de la línea de alta tensión. “La duda que se ha planteado es sobre la situación de la línea de alta tensión Comahue-Cuyo, donde algunos interpretan que a partir de una nota del Ente Provincial de Regulación Eléctrica (EPRE) se estaría cediendo o entregando la jurisdicción sobre el transporte, el traslado de la energía eléctrica a la Nación”, explicó el justicialista Carlos Bianchinelli.

“Entendemos que por ser una línea de alta tensión corresponde a la Nación, porque la legislación en las provincias nos da autoridad sobre las líneas de media y baja tensión. Ante esta duda lo que se ha hecho es requerir con la premura del caso, que el fiscal de Estado pueda dictaminar, cual es la interpretación que le da”, agregó el legislador.

Por su parte, el suministro de gas es otro punto en el que los legisladores anticipan inconvenientes. “Personalmente creo que hay que rechazar el acta”, afirmó el diputado por el ARI, Néstor Piedrafita.

“Este documento tiene algunas disposiciones muy difíciles de interpretar como por ejemplo que la provincia debe garantizar la extracción continua y pacífica durante los 40 años del yacimiento. Está claro que un apartado así se incluye porque se presume que este tipo de emprendimientos mineros a la larga traerá problemas porque especialmente su consumo energético es un despropósito. Es un yacimiento minero que consumirá, si lo tradujéramos a garrafas, en un mes las mismas garrafas que consume la población de Mendoza durante un año”, detalló el legislador opositor.

“Esto le pondría mayor tensión a una situación de escasez que deriva en gente peleando por las garrafas en las comisarías e industrias que dependen del gas paralizadas”, añadió.