La disputa en torno a la eventualidad de “bancarizar” la economía y las operaciones comerciales en los negocios de la Provincia, ya comenzó. La propuesta del oficialismo en la Legislatura bonaerense es obligar a todos los comercios, mediante un proyecto de ley, a instalar terminales electrónicas de pago tipo Postal Numeric Encoding Technique (Posnet).

Esto tiene un costo que para muchos comercios pequeños representa una erogación adicional, para que los usuarios puedan abonar sus compras con tarjetas de débito y crédito, como una forma de evitar la crisis de los billetes, controlar las operaciones en negro y para seguridad del comerciante y el consumidor.

El proyecto del senador kirchnerista Gustavo Oliva intenta “que todos los comerciantes reciban pagos con tarjetas de débito o de crédito”. El autor indicó que “éste es un sistema que muchos locales no utilizan para poder realizar maniobras de evasión del pago de impuestos”.

La norma propone “la obligatoriedad de habilitación de medios de pago con tarjeta de débito y crédito a través de terminales electrónicas de venta para aquellas personas físicas o jurídicas que realizaren operaciones a título oneroso destinadas al expendio o prestación de bienes o servicios que se facturen a consumidores finales”. Ante esto, y defendiendo su trabajo, Oliva relató que “si se utiliza la tarjeta de débito, tiene ingreso del 5% por el IVA”, por lo cual, añadió: “Conviene siempre pagar con el plástico”.

Otro punto de la medida señala que “quedan excluidas de los alcances de la presente ley aquellas personas físicas o jurídicas que realizaren las actividades mencionadas en la primera parte, cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a los establecidos para la categoría E del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo) o aquella que en el futuro la reemplace, pudiendo, asimismo, acogerse de manera voluntaria al régimen descripto”. Sin embargo, en un futuro la idea es que todos los contribuyentes estén bajo este sistema.

La utilización del posnet implicaría pagar a las entidades una comisión que ronda el 3% por ciento del valor total de cada transacción, generando de esta forma zozobras entre los comerciantes.

Los autores del proyecto también estudian la posibilidad de achicar ese porcentaje para facilitar el paso obligatorio. El uso

del dinero virtual registró un significativo aumento, según informó la Afip, que señala que en el primer mes del año los montos pagados con débito fueron un 70% mayor que los de igual mes del año pasado. No obstante, los pequeños negociantes tienen sus incertidumbres, ya que quienes no ingresaron aún en el sistema deberán hacer el engorroso proceso que implica.

Desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) salieron al cruce del titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia (Arba), Iván Budassi, quien los había acusado de “hacer lobby en la Legislatura”. La FEBA, con Raúl Lamacchia al frente, cuestionó al gobierno provincial diciendo lo siguiente: “Que el Estado legisle obligando a un particular a contratar el servicio de otro particular, es total y absolutamente inconstitucional, ya que atenta contra la libertad de contratación y el derecho de libre elección, entre otros”.

La federación económica sostiene que “no se puede obligar a todos los comercios a contratar el servicio de posnet. Por el tipo de montos que manejan, muchos comercios deberían quedar exentos de esto”.

Pero ése no es el único tema. Los cuestionamientos surgen a partir del costo de la terminal electrónica y de la recaudación que genera. Las preguntas son numerosas, y las especulaciones, mucho más.

El primer cuestionamiento sería: ¿Es tan bondadosa la Provincia para entregarle mil millones de pesos por mes a un tercero? ¿Qué hay detrás de la ley?

Se sabe que esta movida que quiere legislar el oficialismo en el Parlamento, es discutida. Desde un sector que se opone a la medida indicaron que para entender con mayor amplitud el tema, es decir, ir más allá de lo que dice el proyecto y sus autores, debe tenerse en cuenta que en Argentina hay sólo dos empresas privadas que tienen cautivo un mercado en toda la provincia de Buenos Aires.

Las dos firmas que se dedican a ofrecer el controvertido aparato son Posnet y Lapos. Considerando este dato, la gestión provincial le otorgará a una empresa privada, o a las dos, más de mil millones de pesos por año. Esto se desprende de los datos esgrimidos por la FEBA que marcan que existen aproximadamente 500 mil terminales de Posnet o Lapos, que el gobierno provincial va a obligar a instalar, y que eso representa 125 millones de pesos por mes, que se van a llevar estas dos empresas, que están carterizadas, y que instalan los aparatos poniéndose de acuerdo en el precio de venta. “Es un negocio millonario. Además, los bancos tienen sus ganancias. Si abrís una cuenta en el banco Nación, ellos te obligan a comprar la terminal Lapos. De esta manera, estás cautivo”, expresaron desde una entidad.

“Este es un buen negocio que se le ha ocurrido al senador Oliva”, expusieron desde la FEBA, remarcando que “es sospechoso el apuro” del legislador para que se apruebe la legislación.

Bajo el paraguas de que con esto se evita la evasión, y obligando a todos los comercios a instalar el aparato, el negocio es más que redituable. Además, desde la FEBA dijeron que “es una reglamentación mentirosa, porque en ningún lado dice que es obligatorio deslizar la tarjeta. Solamente obliga a tener la terminal de captura. Por eso creemos que el titular de Arba, Iván Budassi, se metió en este tema sin conocer en profundidad el proyecto. A él le pasaron datos erróneos, y se vio obligado a declarar. Cuando se dé cuenta realmente de cuál es el verdadero negocio, o pide algo o se suma a la movida sólo por ser oficialista”.

Otro dato que no es menor es que a las entidades que nuclean a los comerciantes se las tildó de hacer lobby para que esta ley no surja, y no se las convocó a ser parte del debate, pero sí se invitó a la Cámara de Tarjetas de Crédito y a los grandes bancos. “Este proyecto también es el negocio, el de las tarjetas y el de los bancos”, comentaron los que no aceptan la norma legislativa.

En fin. Las sospechas son muchas, y los autores del proyecto y la gobernación provincial están bajo la lupa. Este es un negocio millonario. La celeridad en aprobar el proyecto es sorprendente y plantea ciertas dudas. Ahora se espera el debate en Diputados, y recién ahí se sabrá si el negocio de los posnet queda instalado.