Llegaron a la redacción de este diario en la inhóspita tarde del viernes, momentos antes de ofrecer una charla en la Fundación Campano. Mónica Bouyssede y Adrián Marcenac fueron invitados por el Espacio de Participación Política y Social del Frente Renovador de Tres Arroyos.

Surgió el planteo referido a que el de las armas es esencialmente un gran negocio, lo que llevó a poner la mira en los Estados Unidos, con su sociedad dividida en un debate por las constantes masacres de inocentes a manos de quienes portan armas, y aportan una cuota adicional de sangre y violencia a un mundo ya naturalmente conflictivo.

"Por suerte estamos lejos de parecernos a Estados Unidos en cuanto a la utilización de armas, pero si es muy cierto que el país del Norte impulsa el modelo que vamos copiando, al que nos vamos acercando. Latinoamérica, en general, posee un comportamiento violento, machista, que caracteriza a la sociedad estadounidense y que ha asimilado para la resolución de los conflictos", resumió Adrián Marcenac, a modo de comparación con un modelo particularmente diferente, pero al que poco a poco nos acercamos, peligrosamente.

Tras la muerte de Alfredo Marcenac el 6 de julio de 2006 a raíz de las balas disparadas a mansalva por el homicida Martín Ríos -hoy alojado en un neuropsiquiátrico- los padres del joven promovieron el desarme ciudadano y numerosas acciones a favor de la protección de la vida.

La violencia en el país "constituye un proceso de crecimiento muy largo, pero sostenido, no hay un punto de inflexión en el que la sociedad argentina ingresó en las prácticas violentas que incluyen el uso indiscriminado de las armas", evaluó, y aclaró que hace falta una tarea conjunta y sostenida para generar cambios.

El Estado

La Asociación Civil Alfredo Marcenac, creada a partir del crimen del joven, mantiene una relación de "vaivenes" con el Estado, de acuerdo a los cambios de gestiones internas dentro del mismo color político.

"Ahora estamos en un impasse, por cuanto hemos visto que esta gestión que maneja el Renar, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más allá del discurso no posee un compromiso serio destinado a avanzar en una política integral de armas", afirmó.

"Nosotros planteamos que el programa de entrega fue una acción concreta y exitosa temporal", consideró, al manifestar que "además de trabajar en la prevención y concientización es necesario hacerlo en el control del comercio ilegal y la persecución penal de las armas ilegales".

El comercio

Sobre este último punto precisó que el volumen estimado del comercio ilegal de armamento alcanza los 4 millones de armas civiles circulando entre la población, de las cuales el Estado solamente tiene control de un 15%. "Solo 600 mil armas tienen la licencia vigente en el RENAR", puntualizó.

Manifestó que el 85% de las armas está totalmente fuera del control del Estado, y que lo más grave son las fuentes de provisión de armas que generan los circuitos ilegales: la tenencia en los hogares, los robos de los arsenales oficiales de armas de las fuerzas de seguridad y las armas judicializadas en depósitos fiscales.

"Cuando hablamos de 'depósito fiscal' entendemos que hablamos de un lugar adecuado para tal fin, pero el depósito son los escritorios de los jueces, los fiscales, los armarios del fondo que no se usan...", enumeró.

Recordó al respecto que "lamentablemente en el país se votó en 2004 la ley 25.938 que creaba un registro de las armas decomisadas y ordenaba la destrucción inmediata de las que tenían sentencia firme. La Provincia adhirió en 2008, a través de gestiones que nosotros iniciamos, por cuanto era de adhesión voluntaria, pero aún esperamos que la misma se implemente".

Responsabilidades

"Todo ello es responsabilidad del Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Logramos un acuerdo hace tres años con la Corte Bonaerense, que intimó, mediante la primera acordada de 2010 a los jueces a que destruyeran las armas que había en cada uno de sus juzgados. Todavía lo estamos esperando", agregó.

Adrián Marcenac sostuvo que "hemos sufrido en carne propia los fallos referidos a las armas con el caso de nuestro hijo, cuando el asesino Ríos fue detenido en la provincia por una portación para la que no estaba habilitado. Se inició de oficio la actuación, pero el fiscal Molina Pico nos dijo muy suelto de cuerpo que no generáramos grandes expectativas, porque una portación para la Provincia era 'un chas-chas en la cola'".

En este contexto, planteó que "hay un corrimiento de los límites, que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Es lo mismo un arrebato callejero que un robo con armas y esa es la señal que la Justicia le da a la sociedad. Los funcionarios judiciales plantean que cuando un caso llega a ellos ya ocurrió la tragedia, y seguramente eso es cierto. No obstante, pueden dar una señal de prevención, particularmente demostrar hacia dónde apuntan los fallos en el tema de las armas, porque allí se evidencia una falla muy grande. Y hay mucho por hacer en ese sentido".

En todos los sectores

Mónica Bouyssede habló de los planes de entrega voluntarias de armas mediante los programas que se implementan a través del Estado. Dejó en claro que "hay avances y retrocesos, por cuanto algunos sectores reivindican la posibilidad de armarse para enfrentar la violencia, y otros, más permeables, entre los que se destacan, por una cuestión natural, las mujeres, aceptan el desarme como una salida al problema".

Entre otros datos, apuntó que solamente el 3% de las mujeres son tenedoras legales de armas en el país.

"El 97% restante son varones, en una sociedad machista en la que hemos comenzado a creer que las cuestiones se resuelven con el uso de la fuerza", indicó. Y sentenció: "Las armas son herramientas que imponen miedo, pero por sobre todo son estériles, porque no existe ninguna posibilidad de crear seguridad a nivel individual".