Dicha comisión de Viviendas empezará a trabajar en los próximos días y estará conformada por representantes del Arzobispado de Salta, la Unión Obrera de la Construcción, la Cámara de Comercio e Industria de Salta, el Foro de Agricultura Familiar, el sindicato de Empleados de Comercio y el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta (COPAIPA).

El interventor del Instituto de Viviendas, Matías Posadas,  destacó el trabajo del Consejo y aseguró que es importante contar con opiniones de distintos sectores de la sociedad "ya que logran legitimar políticas públicas". 

Las modificaciones

Una de las cuestiones a modificarse en la inscripción de los interesados, refiere  a realizar un mayor control sobre la conformación de los denominados grupos familiares, como así también, de los domicilios asentados por los ciudadanos en la inscripción del IPV.

Además prevé que en la participación en los sorteos por una vivienda social, el inscripto deberá tener un año de antigüedad en el Registro de los Postulantes y no contar con propiedades, mientras que en el caso que se firmen convenios con asociaciones, los postulantes deberán tener, al menos, dos años de antigüedad.

Las resoluciones además hacen referencia a la ocupación de la vivienda en forma efectiva del grupo familiar. Sobre este punto pasaría de 10 a 30 días hábiles posteriores a su entrega.  Con esto, explicó Posadas, se pretende que los adjudicatarios, en ese periodo, puedan obtener los servicios básicos, como así también, realizar una construcción mínima de seguridad.

Se estudia además ampliar el plazo de pago de las viviendas de 20 a 30 años. Esto permitirá que los adjudicados tengan una cuota menor y que un mayor número de familias, puedan inscribirse, ya que se adecuarán al rango del ingreso mensual solicitado.

Límites a ampliaciones

Dentro de los proyectos figura la limitación para la ampliación de las viviendas en el periodo de dos años, en más de un 50% de la superficie construida de la vivienda originariamente entregada. En caso de que los adjudicatarios superen el porcentaje máximo permitido, sin encontrarse dentro de las salvedades, deberán cancelar la totalidad de la vivienda en un plazo de 30 días hábiles.

Al mencionar el cupo para personas con discapacidad que hoy es el 10% de las viviendas a entregar, Posadas expresó que sería conveniente contar con la opinión del Concejo en regular dicha entrega de acuerdo a los distintos tipos de discapacidades que se presenten.

Por último, el interventor del IPV manifestó que estará prohibida la adjudicación de viviendas a funcionarios del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo, se trabajará para hacerlo extensivo a los otros poderes del Estado.