La lista era de 33 predios, pero algunos servirán para espacios verdes. El Gobierno aspira a recaudar alrededor de $ 1 millón con esta medida. La licitación será anunciada antes de fin de mes. En 2006 hubo un intento similar, aunque sin éxito.
El precio de cada lote aún no fue determinado, porque difieren en sus dimensiones y en la ubicación geográfica, pero el monto estándar de un predio en ese municipio no es menor, en ningún caso, a los $ 80.000. El origen de los predios en manos del Estado se remonta al nacimiento mismo de Yerba Buena como asentamiento poblacional (a finales de la década de 1930). Al inscribir los padrones, existía la obligación de donar parcelas como espacio verde de uso colectivo. Por ello, quedaron terrenos diseminados y sin uso, salpicados en distintos barrios de esa ciudad.
El Gobierno consideró que actualmente, y dado el nivel de ocupación de viviendas existente, es conveniente darles otro destino y ofrecerlos a compradores privados, decisión que fue expresamente respaldada por el intendente Daniel Toledo. De este modo, además, se evitarán posibles usurpaciones ilegales.
El mecanismo elegido será la licitación pública abierta a cualquier oferente, que en los hechos es una subasta a sobre cerrado donde el mejor postor se lleva el bien. No están previstas restricciones al comprador, aunque por las dimensiones de los terrenos (desde los 600 y hasta 1.800 metros cuadrados, en dos lotes contiguos) se destinarían a vivienda familiar y no para inversiones comerciales.
Cinco años atrás
El primer intento del Poder Ejecutivo para desprenderse de los predios se remonta a mayo de 2006, cuando remitió a la Legislatura un proyecto de ley para se lo autorice a vender 33 inmuebles en Yerba Buena, con una valuación fiscal acumulada de $ 2 millones.
Para ello, debían ser incorporados a la Ley del Activo por Activo, con la cual podían ser de libre disponibilidad (sea en venta directa, por licitación o en canje por otros bienes o por la realización de obras públicas equivalente con su valor de mercado). Para justificar su pedido, en la propuesta oficial se aclaró que el Estado no estaba en condiciones de asignar personal de vigilancia para evitar ocupaciones ilegales en cada uno de los inmuebles.
El 19 de septiembre de 2006, el oficialismo parlamentario avaló la solicitud del gobernador, José Alperovich, y autorizó las enajenaciones, pese a las quejas de los referentes de la oposición. Desde entonces, no se realizó ninguna operación, pero la lista de predios se redujo de los 33 originales a 12 terrenos. El resto tiene un destino de uso público, según aclaró Toledo a LA GACETA.
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