El ex gobernador Antonio Bussi hizo ayer uso de la palabra durante el segundo día del juicio oral que le siguen por violaciones a los derechos humanos, y desempolvó el argumento de la "agresión marxista leninista" para justificar la represión de la última dictadura militar.

Hábil, el ex militar hizo un largo repaso de los años de plomo y repartió culpas por doquier. Si algo dejó en claro Bussi con su larga alocución, que dio en tono enérgico, es que los militares no actuaron en la soledad más absoluta.

Dispersó responsabilidades entre políticos, empresarios, medios de prensa, periodistas y hasta autoridades del clero, quienes, según sus palabras, avalaron la represión no tan sólo de manera teórica, sino con acciones efectivas, que incluyeron visitas a las zonas donde operó el Ejército durante la década del '70. Bussi sabe que su suerte está echada, pero no quiere irse sólo.

Mientras tanto, luego del discurso, la querella pidió al tribunal que se impida que los imputados agravien la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.

Bussi dijo que las fuerzas armadas llevaron a cabo durante los años 70 una verdadera "epopeya" contra la "agresión marxista-leninista" que acosaba al país. El ex titular del Comando de la V Brigada del Ejército optó por hacer uso de la palabra, según explicó, para "contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses que no se ajustan a la realidad que vivieron Tucumán y la Argentina en los años 70".

"Lo hago para contribuir con mi verdad, como protagonista principalísimo de esa epopeya militar, pero también en resguardo de mis subordinados de todas las jerarquías que, con sacrificio y coraje, han coadyuvado a salvaguardar las instituciones de la República; entre ellas, la misma Justicia", destacó Bussi.

Según el ex gobernador (1995-1999), el Operativo Independencia que él encabezó en los montes tucumanos "fue la respuesta constitucional e institucional del gobierno de Estela Martínez de Perón, dispuesto mediante el decreto Nº 261/75, ratificado con posterioridad por el ex presidente interino Italo Luder".

"En el marco de la guerra fría que enfrentaba a las grandes potencias, el operativo fue la respuesta militar a la agresión marxista-leninista contra la nación, llevada adelante mediante bandas terroristas, equipadas militarmente con apoyo extranjero, proveniente de Cuba, Chile y Perú, que operaban en todo el país, pero que tenía epicentro en Tucumán, objetivo inicial del comunismo internacional", subrayó Bussi.

El imputado, de 84 años, insistió: "la zona de operaciones de Tucumán, decretada un año antes del 24 de marzo de 1976, no fue establecida para llevar adelante un plan de represión, sino para la aplicación de estrategias, tácticas y técnicas en aras del cumplimiento de la misión impuesta: combatir a la guerrilla".

Durante su declaración de casi tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Bussi recalcó que "la propia ex presidenta (Martínez de Perón), en su carácter de jefa de las Fuerzas Armadas, visitó varias veces las zona de operaciones y de esto también tomaron conocimiento obispos de la Santa Iglesia".

El ex gobernador manifestó que "el propio ex presidente Juan Domingo Perón, el 22 de enero de 1974, después del ataque a la Guarnición Militar de Azul (Provincia de Buenos Aires), advirtió: 'estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados con fuerza para luchar contra el Estado'".

Asimismo, Bussi expresó que el dirigente radical Ricardo Balbín, en marzo de 1989, calificaba como "meritorio" el papel representado por las Fuerzas Armadas, y agregó que en 2005 el Episcopado argentino instó a "no callar los crímenes de la guerrilla entre 1973 y 1977, porque los jóvenes también deben conocer este capítulo de la verdad histórica".

En todo momento, el imputado sostuvo que, en Tucumán en los años 70, se libró "una guerra declarada por un gobierno constitucional" y agregó que, durante aquellos años, "nadie reclamó por los muertos en combate, ni siquiera los miembros de las propias organizaciones subversivas". "A muchos de los muertos fue difícil identificar, porque fueron tragados por la espesura del monte o por las tácticas desplegadas por las propias organizaciones guerrilleras, como los cementerios clandestinos o las fosas comunes, para evitar que se conociera su identidad", dijo Bussi.

Asimismo, el ex gobernador señaló que, personalmente, supervisaba "el cumplimiento del reglamento militar" y agregó que, a diferencia de lo que sucede en Medio Oriente, donde los detenidos son sometidos a tortura y tormentos al límite de lo humano, aquí eran alojados en la Jefatura de la Policía y sometidos al control policial atentos a su peligrosidad".

Polémicas

El fiscal federal en representación del Ministerio Público Fiscal, Alfredo Miguel Terraf, le pidió al presidente del Tribunal Oral, Carlos Jiménez Montilla, que exija "silencio" en la sala de audiencias. "No se puede permitir que haya gente que se exteriorice y aplauda, porque está prohibido por ley", sostuvo. Y luego de leer el artículo referido a este tema, agregó: "Si cada vez que alguien diga algo, van a aplaudir, esto se va a convertir en un circo y no en un juicio". En tanto, Jiménez Montilla sólo le respondió que su planteo será tenido en cuenta por el Tribunal Oral.

Terraf salió al cruce luego de que familiares y allegados del represor Antonio Domingo Bussi lo aplaudieran cuando terminó de leer su declaración, y después familiares de desaparecidos hicieran lo mismo cuando la abogada Laura Figueroa se quejó por los agravios que lanzó el ex gobernador de facto cuando habló de abogados "inescrupulosos" que cobran 250.000 dólares por cada denuncia presentada en la Justicia. Uno de los momentos que más indignación motivó entre los familiares de las víctimas, fue cuando Bussi mencionó que a poco de asumir como comandante en jefe de la V Brigada, a fines de diciembre de 1975, estuvo al frente del "combate" en Famaillá y habló de su éxito en la eliminación de la principal base de operaciones de los guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). "Nadie reclamó por estos muertos en combate ni tampoco las organizaciones subversivas dieron a conocer el número de bajas sufridas, en la que había muchos tucumanos denunciados después como desaparecidos", se animó a decir y aseguró que Julio Alzogaray, hijo de un general, fue la única victima reclamada por sus familiares.

Además, teorizó que la investigación previa es insuficiente, ya que sólo se mencionan "víctimas y hechos presuntos", sin valor en un proceso penal.