Los presuntos responsables de implementar una maniobra para “estafar” por cifras millonarias al Estado nacional podrían llegar a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) local. El fiscal federal N°2, Pablo Camuña, requirió -mediante un documento de 71 páginas- la elevación a juicio de la megacausa “Giuliano”, que investiga la creación de empresas fantasmas con el fin de obtener bonos fiscales de un plan nacional por $ 26,5 millones (los valores son de 2009) que luego eran vendidos a terceros. 

Entre los 17 imputados de la lista confeccionada por la Fiscalía hay dos dirigentes. Uno es el empresario Guillermo Federico Kuchar, que debutó en política en 2007, aunque nunca consiguió ser electo. Se había postulado entonces por el Partido de los Trabajadores (PT), secundando a Pedro Balceda como candidato a legislador por la sección Oeste. En 2009, había vuelto al ruedo para postularse a senador por la Alianza Con Conciencia Voluntad Solidaria (Con Co. Vos) y en apoyo al ex vicepresidente Julio Cobos. El otro político es Marcelo Ricardo Corisi, ex presidente del PT y quien en las elecciones del domingo 23 de agosto participó por una banca en la Cámara por la sección Capital (según el escrutinio provisorio no la habría alcanzado).

Para Camuña, Kuchar sería uno de los cabecillas de la supuesta organización criminal, junto con el comerciante salteño Oscar Germán Fernández Castro. En tanto que Corisi, de acuerdo con el requerimiento fiscal, habría participado como un “prestanombre” al desempeñarse como apoderado de una petroquímica “apócrifa”.

El resto de los imputados son: Ramón Miguel Giuliano (este apellido dio nombre al caso), Salvador Domingo Ross, Víctor Miguel Paz, Guillermo Federico Kuchar del Moral (hijo), Héctor Raúl Lamoglia, Ana Rosa Escudé, Javier Antonio Castaño, Gustavo José Capetta, Miguel Alberto López, Miguel Héctor Otaño, Daniel Emilio Sandalie, José María Moya, Andrea Martha Jiménez y Pablo Fernando Rivas. 

Camuña pidió también que otro grupo de tres imputados (originalmente los sospechosos eran más) sea declarado en rebeldía puesto que no se presentaron nunca a declarar. Recomendó sus capturas. Por otro lado, solicitó que se dicte el sobreseimiento de 11 personas más. Las defensas de los supuestos involucrados tendrán ahora un plazo para contestar y luego, el juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, deberá definir la elevación.

Siete años

La causa se había iniciado en agosto de 2009, cuando la AFIP-DGI denunció ante la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo entonces de Carlos Brito, la existencia de empresas truchas creadas para la presunta obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Luego de las declaraciones indagatorias que se le tomaron a los imputados en noviembre de 2011, se resolvió procesarlos. 

La operatoria habría surgido luego de la publicación del decreto N°379 (de 2001), por el cual la Nación había dado forma al plan de fomento a la fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones. El Gobierno de Fernando De la Rúa se proponía promover la industria nacional en el contexto de crisis mediante beneficios fiscales. Los bonos fiscales, detalló Camuña en el escrito, eran emitidos por la Dirección Nacional de Industria para ser aplicados al pago de impuestos nacionales y “se emitían por una suma equivalente al 14% del precio de venta de dichos bienes, una vez detraído el valor de insumos, componentes o partes importadas”. Por ello, los aspirantes al beneficio debían, en primer lugar, presentar la documentación necesaria en la Dirección Nacional de Industria para lograr su inscripción en el Registro de Empresas Fabricantes de Bienes de Capital y, una vez inscriptos podían, mediante la acreditación de ciertos requisitos, solicitar la emisión de los bonos, que podían ser endosados y cedidos a terceros. En todas las causas del expediente se identificó la misma maniobra para la obtención fraudulenta del beneficio.fuente:la gaceta