La Presidente se sigue negando a recibir a Macri y el ministro de Infraestructura y Planificación lo sigue criticando por su actuación frente a la inundación. Hay una foto con Scioli, pero la Presidente volvió a La Plata, la zona más afectada, sólo rodeada por militantes de La Cámpora y visitando junto a uno de sus líderes (Larroque) el centro de distribución de la ayuda solidaria montado por esta organización.

Frente a las dudas generadas alrededor de la cifra de muertos, el intendente de La Plata, el kirchnerista Pablo Bruera, señaló que este era un tema de la Gobernación. La solidaridad oculta el hecho que el estado tiene una Dirección Nacional de Protección de la Comunidad -la ex Dirección Nacional de Defensa Civil- en la órbita del ministerio del Interior, encargada de preparar los planes para estas emergencias y coordinar su ejecución -la que no estuvo presente-, y que hay un sistema federal de emergencias con un presupuesto de 200 millones de pesos que no funcionó.

Mientras tanto, la Presidente retoma de inmediato su acción política e ideológica con la presentación de sus proyectos para la democratización de la justicia. El acto de presentación iba a realizarse el miércoles 3 de abril, pero la inundación llevó a la Presidente a postergarlo sólo cinco días. La oposición no participará del acto, argumentando que se trata de un plan para subordinar la justicia al Poder Ejecutivo.

La elección por voto directo de algunos miembros del Consejo de la Magistratura y la limitación de las medidas cautelares frente a decisiones del estado son las dos iniciativas más discutidas. Ambas son consecuencia de la derrota del oficialismo el 7D en la controversia por la ley de medios. Es que con un consejero más de los 13, el oficialismo hubiera podido designar su candidata para el juzgado que debía determinar la constitucionalidad de la ley de medios y con medidas cautelares con límite temporal, la ley ya estaría rigiendo. Esta semana la Cámara Civil y Comercial se pronunciaría sobre la constitucionalidad de esta ley y podría declararla inconstitucional. Ello exacerbaría el conflicto del Ejecutivo con la Justicia.