¿Otrora poderoso? Después de 10 años de gestión, en su desgastastante tercer y último mandato, es tan lógico el cansancio como entendible que algunos le empiecen a faltar el respeto porque observan que se acerca el fin de su ciclo, y ya se sienten con libertades para amenazarlo o con saltar el cerco. O de amagar con irse (o abandonar el barco como los massistas), porque los votos -o las manos levantadas- ya no pesan ni valen lo mismo. Las ambiciones ya empiezan a ser distintas. Entonces, el dique no tiene la fortaleza para contener con la fuerza de aquel inicio arrollador. Antes no le hacía falta advertir ni presionar para cerrar el cerco; todos iban al pie, ahora cierra grifos sin ponerse colorado para castigar “políticamente”. O sea, por la única vía que esta administración hizo política, a través de los recursos -o del poder de la billetera, como dice el ingenio popular-, porque el titular del Poder Ejecutivo no hizo política durante tanto tiempo, si no a estas alturas no tendría problemas de sucesión ni debería preocuparse por el final que le espera y que marcará su gestión.

La última prueba de su “debilidad” fue la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional de Estupefacientes. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento se lo exigió el titular de Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina. Y no fue “me lo pidió Néstor”, o “me lo pidió Cristina”, o de última Parrilli, o Zannini, o el Jefe de Gabinete, o un ministro; no, un secretario de Estado. Y puso la Legislatura, un poder que maneja a su antojo, a la orden de ese funcionario; del mismo que dijo que los chicos “se falopean y chupan como esponja” pero que el problema de las drogas estaba sobrevalorado por los medios. Que se lo diga a las Madres del Paco. Al margen de ese “detalle”, la promulgación de esta norma -que divide la biblioteca respecto de su efectividad- es una muestra sobre la desesperación de la ida. ¿Por qué? Porque percibe que su gobierno no va a pasar a la historia como pretendía: el de “más obras que Gelsi”, o de “mayor calidad institucional”, o del menor índice de mortalidad, o como el que redujo el trabajo en negro (que es del 46% hoy); en fin, como el mejor gobernador de la historia. Pasará, por la fuerza de las circunstancias, como el que nada pudo hacer por combatir al narcotráfico y evitar la proliferación de la droga; tanto como que Julio Miranda quedó estigmatizado por los niños desnutridos en su mandato.

En 2009, Alperovich decía “en las zonas ricas, en vez de ‘paco’, se llama porro o cocaína”; en octubre de 2010 admitía que la “droga está calando hondo en la provincia”, en junio de 2013 apuntaba que “la droga nos está ganando” y este mes dijo que había que trabajar fuerte a través de la Policía y de la Justicia para combatir al narcotráfico. En las palabras se advierte el avance del flagelo y la derrota del Estado. Y como para exponer que la aprobación de ley contra el “narcomenudeo” fue un tiro con los ojos cerrados dijo que si no sirve “se vuelve atrás y se prueba otra cosa”. Si la norma debe entrar en vigencia el 31 de marzo de 2015, con posibilidades de prórroga, siete meses antes de dejar el Ejecutivo -con poco tiempo para ver si es efectiva o no-, la conclusión es que poco y nada habrá hecho para evitar quedar como el que en su mandato no pudo lograr que el flagelo de la droga se convierta en verdadero drama social. No es porque no lo haya intentado, sino porque al problema no se lo enfrentó con una política de seguridad. “No la hubo nunca”, admitió a esta columna un alperovichista de la primera hora. Los efectos salen a la luz ahora.