La postergada cárcel de Senillosa tiene un consultorio odontológico a estrenar que no está funcionando porque no tiene personal. Los presos que recientemente desembarcaron en el penal tienen que volver a la Unidad 11 cada vez que requieren una atención bucal; y el candidato que se ofreció para suplir ese bache genera franco rechazo en la Policía.

Se trata de David Narváez, el dentista condenado a seis años de prisión en mayo de 2013 por abusar de una paciente cuando tenía 7 años. Narváez quiere trabajar dentro de la penitenciaria y hay una orden judicial que lo respalda, pero que a la fecha no se cumple.

“Hace unos 20 días que ordené que comience a trabajar en la cárcel para que atienda a sus propios compañeros, pero nunca fue posible porque la Policía empezó a dar vueltas”, sostuvo ayer la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, en diálogo con LM Neuquén.

Cuando el recluso se encontraba aún en la Unidad 12, le dijo a la magistrada que quería volver a ejercer su profesión, y ésta le contestó que podía, siempre que él se provea de los insumos necesarios.

Como el interno le dijo que su familia se iba a ocupar de conseguirlos, Gass no vio mayores dificultades.

“Narváez no tuvo un problema con su profesión, no fue condenado por mala praxis. El delito que se le atribuye nada tiene que ver con eso”, aclaró la jueza.

Recordó, además, que “tiene derecho constitucional de trabajar como todos los presos”. Dijo que ese derecho es “absoluto” dentro de una cárcel, lo que no significa que pueda hacerlo en un consultorio externo.

“De ninguna manera la orden es que atienda a pacientes fuera de la cárcel y menos aún a niños”, reiteró. En todo caso, dijo que se trata de “aplicar la ley con sentido común”.

Su tarea, remarcó, consiste en ejecutar la condena. “Yo no puedo levantar una inhabilitación”, añadió.

Subrayó que la orden fue por escrito, pero que todavía no se cumple. “La Policía está reticente y en ese problema estamos”, comentó. Mientras tanto, advirtió que hay un consultorio a estrenar “desperdiciado”.

Pese a las trabas que encuentra, destacó el trabajo que está llevando a cabo el ministro de Seguridad Gabriel Gastaminza y su equipo para llegar a un acuerdo y poner en marcha la cárcel de una vez.

Narváez tiene suspendida su matrícula, pero la jueza explicó que es lo que pasaría con cualquier profesional que deja de pagarla.

También ordenó poner una guardia de enfermería y otra médica, ya que hay un solo enfermero, disposición que todavía la Policía no está cumpliendo lo que genera inconvenientes en el penal.