Del texto, presentado en el Congreso, el 4 de octubre pasado bajo el título "Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación", lo que llama la atención no es sólo el contenido sino el lenguaje, revelador de una concepción que asimila la cárcel a la tortura, decreta la "inutilidad" del encierro y aplica el concepto de "víctima" de modo casi excluyente a la población penitenciaria.

"Desde Beccaria sabemos que la pena es un mal que añadimos a otro": tal la declaración de principios de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación (en adelante, PPN), que olvida aclarar que el primer "mal" le fue aplicado a un inocente, mientras que el segundo, la "pena", es para el victimario.

En concreto, en la óptica de este organismo, creado en el ámbito del Poder Legislativo con la función de proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, todo castigo a quien infrinja las leyes está deslegitimado.

En los fundamentos del proyecto de la PPN, destinado a resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, se afirma: "El trato que le damos a quien cometió una falta, dice algo acerca de la persona del infractor, pero también dice mucho acerca de la comunidad que tenemos, de nuestra indiferencia frente al dolor ajeno y sobre nuestros propios límites frente a la dignidad de cada uno y de nuestra idea de justicia".

Este tono, que reserva toda la compasión para el victimario –al que llama "infractor"- olvida una candente realidad: la de los muchos delitos aberrantes cometidos en los últimos años en la Argentina por delincuentes en regímenes de libertad morigerada. La reincidencia, que ciertos jueces están empeñados en abolir, es un verdadero flagelo.

A lo largo de todo el texto, las palabras "superpoblación" y "tortura" aparecen asociadas. Y la elección del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante, CNPT) como órgano de aplicación de la ley apunta a subrayar la misma identidad.

Una concepción que la PPN hace explícita cuando declara: "Nuestra cárcel es un dispositivo de respuesta al crimen tan estruendosamente inútil como descarnadamente cruel". La solución, por lo tanto, no pasa por la construcción de más establecimientos.

La propuesta de la PPN consiste en la creación de un registro de cárceles para establecer el cupo de internos que puede alojar cada una de ellas, según criterios que fijará el CNPT. Se creará además "un sistema de información confiable, accesible y actual, sobre el nivel de empleo y ocupación diario" de cada establecimiento penitenciario y se garantizará el acceso a los mismos para verificar el cumplimento de las disposiciones.

Cuando una cárcel alcance el 90% de su capacidad, el CNPT deberá ser alertado por sus autoridades. Esta alerta temprana autorizará –según lo establece el artículo 13 del proyecto- "la reducción en hasta un 25 por ciento de los plazos previstos en el régimen de progresividad de la pena privativa de la libertad", además de "analizar e impulsar indultos, conmutaciones de penas (y) medidas alternativas a la pena de prisión o la prisión preventiva".

Se informará a los jueces de los presos de los penales saturados para que "dispongan de inmediato medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas".

El artículo 14 dice que, si la capacidad ocupada alcanza el 95 % del cupo, "el CNPT puede declarar (el) estado de emergencia" del establecimiento en cuestión, lo que significa que los plazos exigidos para "el acceso" a la "libertad asistida, libertad condicional, semilibertad o salidas transitorias se reducirán en un mes" y las "cauciones patrimoniales" (fianzas) disminuirán "automáticamente en un 25% el valor fijado judicialmente".

Estos mecanismos, aclara el proyecto, podrán ser ejecutados por el CNTP tantas veces como sea necesario para "alcanzar efectivamente" los niveles de ocupación carcelaria autorizados.

"Un paso más hacia el abolicionismo"

"De un diagnóstico que comparto, se llega, por ideología de sus autores, a conclusiones y proposiciones de medidas escandalosas –dijo el abogado Martín Etchegoyen Lynch, ex fiscal en lo criminal.

Basado en un hecho indiscutible, esto es el estado lamentable de nuestras cárceles y el hacinamiento, el 'abolicionismo' aprovecha para exteriorizar su teoría de 'inutilidad y perniciosidad' de la cárcel, e impulsar entonces medidas extremas como reducción de penas, indultos y conmutaciones, así como una declaración de emergencia del sistema que habilitaría a vaciar las cárceles, como lo señalan los artículos 13 y 14 del proyecto".

El abogado penalista y ex juez Eduardo Gerome apunta a la ideología subyacente en el proyecto de ley de la PPN: "Esto se enmarca en la tendencia que considera a quien cometió un delito como víctima y no como victimario, a quien se le reconocen derechos superiores a los que tiene el resto de la sociedad y respecto de quien ésta no puede defenderse”.

“No debería haber discusión acerca de que quien delinque debe ser sancionado y socializado antes de que vuelva a insertarse en la sociedad. De lo contrario, se alientan las conductas delictivas y no se protege a la gran mayoría respetuosa de la ley", explicó.

Ambos expertos destacan que el proyecto utiliza un dato de la realidad para proponer soluciones equivocadas.

"Nadie puede estar de acuerdo con la superpoblación carcelaria pero los fundamentos del proyecto hablan de que el problema no debe resolverse con la construcción de nuevas cárceles sino con la liberación anticipada de los presos, indultos y conmutaciones de pena”, dijo Gerome.

“Más aún, llega a decir que la detención de una persona significa imponerle dolor, humillación y sufrimiento. Parece un argumento salido del mundo del revés ya que quienes sufren dolor y humillación son las víctimas de los delitos que aquéllos cometen, las que no son nunca tomadas en cuenta".

También Etchegoyen Lynch describe la situación penitenciaria argentina como "lastimosa" porque "nunca estuvo en las prioridades de gobierno alguno". "La infraestructura carcelaria no acompañó ni el crecimiento demográfico, ni el delincuencial, que desde los 90 y por imperio de la entrada irrestricta de drogas de todo tipo al país, ha llegado a ser el primer factor criminógeno causante de delincuencia violenta", sostiene.

Para Gerome este proyecto "constituye un paso más hacia el abolicionismo del sistema penal, lo que resulta absurdo en un país en el que día a día aumentan los índices delictuales y quienes los cometen actúan con una agresividad cada vez mayor".

"Argentina tendrá que optar en breve entre seguir con estas medidas abolicionistas y demagógicas dirigidas al bienestar de la delincuencia, y por lo tanto seguir con un aumento sostenido de la criminalidad, o poner a la delincuencia en cárceles, nuevas, seguras, sanas y limpias como manda nuestra Constitución, para que los habitantes honestos vivamos sin rejas", concluye Etchegoyen Lynch.