Suba excesiva del gasto, del personal y falta de claridad administrativa. Eso denunciaron que hay en Crese tres funcionarios radicales: la fiscalizadora en la Sociedad del Estado, Alejandra Ferrero; el miembro del Tribunal de Cuentas (TC), Alfredo Sapp; y el concejal Marcelo Cossar. Por su parte, el presidente de la empresa, Fernando Cámara, negó las acusaciones.

En función a información provista por la empresa e ingresada al TC por el municipio, los radicales cuestionaron la firma de un acuerdo entre Crese y el Surbac (sindicado de recolectores que gravita bajo la Federación de Camioneros) para otorgar una “gratificación extraordinaria no remunerativa” a todos los empleados que representa la entidad (más del 90 por ciento del plantel). La suma va de 777 a 1.942 pesos, según la escala de antigüedad. El acuerdo implica otros beneficios laborales.

Junto con eso, denunciaron la solicitud por parte de Crese al municipio de un subsidio por 10,6 millones de pesos, para cubrir gastos corrientes. Figura como “reintegrable” y a cuenta de una deuda de 21,1 millones de pesos que la firma tiene por cobrar en subsidios a la Nación, pero los denunciantes descreen del mecanismo: “No hay antecedentes de que en esta gestión se haya devuelto un subsidio. Pasó en Crese, que lleva 20 millones recibidos, y en Tamse en mayor magnitud. No creemos que ese dinero se devuelva al Ejecutivo”, reprochó Cossar. Por su parte, Sapp reveló que el TC devolvió el expediente del subsidio solicitando más información al Ejecutivo.

Además, hablaron de “excesivo” aumento de personal en la empresa, que arrancó con 1.304 y “a septiembre de 2010, registraba un plantel de 1.563 trabajadores”, precisó Ferrero. “Crese contrató además 150 empleados temporales por el verano a través de una consultora. Tienen sueldos promedio de 5.200 pesos”, agregó.

“Todo esto revela que el canon de 20,5 millones que cobra al municipio no le alcanza para funcionar. Y demuestra que el gremio (Surbac) cogobierna”, cuestionó Cossar. Y criticó el envió de un regalo institucional de fin de año que le hizo llegar la firma (la caja con vino de la foto): “Crese no está para esos gastos, no corresponde que distribuya esto”, sentenció.

Respuesta oficial. Fernando Cámara salió al cruce de las acusaciones, que atribuyó a “motivos meramente políticos electorales”.

Sobre el subsidio, señaló: “No lo cobramos aún, lo pedimos. Es ‘reintegrable’ y se pagará porque los subsidios de Nación no dependen de una negociación: son una deuda certificada que la empresa va a cobrar sí o sí. De hecho, ya recibió tres cuotas. Esos 10 millones son para cubrir el desfasaje que genera, justamente, tener esa deuda”. Y defendió el acuerdo con el Surbac: “Refleja lo firmado a nivel nacional por la Federación de Camioneros que, como todo lo logrado por la entidad, tenemos que respetar acá en Córdoba. El convenio que suscribimos no tiene ningún punto superador a lo conseguido por el gremio a nivel país”, insistió.