Valentina dejará su pasado rural atrás. Las cinco horas de debate previas a la votación no torcieron ni un centímetro de su eje el resultado final y, por una amplia mayoría, doce concejales del oficialismo y la oposición aprobaron los 38 loteos. Una vez que el intendente Horacio Quiroga promulgue la ordenanza, los desarrolladores tendrán 90 días para adecuar los proyectos a la nueva reglamentación.

La discusión fue en el mismo tono de las últimas semanas, ese que dividió al bloque del MPN y que profundizó las diferencias entre el ARI y el resto del oficialismo municipal. Osvaldo Llancafilo y Juan Pablo Prezzoli, desde el partido provincial, encabezaron el proyecto por minoría, que no llegó a votarse y que planteaba una división en usos de suelo por zonas. Apuntaron sus críticas a los loteadores que se beneficiarán con la ordenanza que impulsó el Ejecutivo y ratificaron que entre los propietarios figuran funcionarios y ex funcionarios municipales. Llancafilo afirmó que detrás del 60% de los proyectos están “tres o cuatro” empresarios del rubro y dio los apellidos de Tosello y Di Camilo, este último un ex funcionario quiroguista.

El bloque opositor se terminó de integrar con Mercedes Lamarca (Libres del Sur), Teresa Rioseco (Frente y la Participación) y los dos representantes del ARI, Anaí Guillem y Juan José Dutto. “Rechazamos esta práctica de trabajo que empieza al revés, por las conclusiones”, cuestionó este último en referencia a que los detalles de los desarrollos se discutirán en el Ejecutivo. Todos estos concejales, pero con mayor énfasis Lamarca, apuntaron contra la decisión de avanzar con una excepción en lugar de trabajar en la comisión que, al inicio de la gestión, se conformó entre todas las fuerzas para reformar los parámetros urbanísticos de toda la ciudad.

Ariel Kogan (PJ) trazó la línea de las defensas al proyecto oficial. La habilitación de los 38 loteos abiertos, según afirmaron desde este sector, no se limitaría a los expedientes que se incluyeron en la ordenanza, sino que se extendería a todos los que, cumpliendo con las pautas mínimas incluidas en el texto, se presenten en la Municipalidad para pedir la autorización. Los terrenos tendrán que ser, como mínimo, de 300 metros cuadrados y no 600 como plantea la ordenanza que rige a los barrios cerrados y que en 2006 los habilitó en el sector. Pero más allá de esa precisión, el argumento central del concejal justicialista apuntó a la necesidad de sumar, de una vez, miles de lotes al mercado y así “romperlo”, en tanto que la mayor disponibilidad debería bajar los precios.

Con planteos similares defendieron la habilitación Leandro López (NCN), Darío Martínez (PJ), Marta Buffollo (UCR), y Mariano Mansilla y Francisco Baggio (UNE).