El senador José Manuel Cano y el diputado nacional Manuel Garrido (UCR) denunciaron, ante la Justicia Federal, al director de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) Juan Antonio Bontempo. La presentación busca determinar su responsabilidad penal por haber autorizado a la Caja Popular de Ahorros (CPA) a disponer del plazo fijo retenido para la cobertura del fondo de garantía de seguros.

La demanda judicial responsabiliza a Bontempo por haber autorizado una sustitución de garantías del Departamento Seguros de la CPA por Letras de Tesorería del Estado. La autorización fue utilizada como argumento por el oficialismo para justificar la operativa y la sanción de la ley que la habilitó.

En la demanda judicial, Cano y el ex fiscal de investigaciones administrativas advirtieron que la normativa vigente aclara que para este tipo de inversiones se puede afectar sólo un 20 por ciento del capital que posee la entidad crediticia. En este sentido, los radicales afirmaron que el capital de la Caja Popular asciende a unos 233 millones de pesos, por lo que los 170 millones que fueron sustituidos por Letras de Tesorería superarían el porcentaje autorizado por la Nación.

Por esta presunta irregularidad, se solicitó que se investigue a Bontempo por el delito de abuso de autoridad. En la acusación, Cano y Garrido precisan que el titular de la Superintendencia de Seguros "habría emitido una decisión que es abiertamente contraria a las leyes nacionales y a su normativa reglamentaria". Además, el senador y el diputado dejaron abierta la posibilidad de denunciar a otros funcionarios públicos.

Los opositores también solicitaron a la Justicia Federal que allane las oficinas del organismo nacional a los fines de secuestrar el expediente N° 57.871, y que también se ordene una pericia contable a la Caja Popular, para determinar cuál es el volumen de inversiones que posee la única entidad crediticia estatal de la Provincia.

Cese a la intervención

En tanto, en la jornada de ayer, dirigentes de la Asociación Bancaria y empleados de la Caja Popular de Ahorros se apostaron en Peatonal Mendoza donde procedieron a la recolección de firmas con el objeto de solicitarle al gobernador José Alperovich que normalice institucionalmente la entidad financiera con el objeto de hacer cesar la intervención que lleva ya una duración de nueve meses, siendo que actualmente ese cargo lo ocupa el legislador en uso de licencia Armando Cortalezzi.

En este sentido, se insta al Mandatario a nombrar un nuevo directorio de acuerdo a lo que consigna el artículo 9 de la Ley 5.115, de modo tal de respetar la autarquía del organismo y facilitar su normal funcionamiento, sostuvieron los dirigentes.

A lo largo de las cuatro horas en las que se apostaron en el paseo céntrico de la capital, se juntaron un total 5.500 firmas. "Se pudo detectar un alto grado de indignación contra el gobernador por haberse apropiado de fondos que en definitiva son de todos los tucumanos", remarcaron en un comunicado Hugo Ledesma y Rubén Moisello, Secretario de Acción Social y Deportes y Secretario General Adjunto, respectivamente de La Bancaria.

Se informó también que la recolección de firmas proseguirá esta semana en distintos puntos de la ciudad, como plaza Urquiza y en paseos públicos o plazas del interior provincial.