“Mostrar esto es un acto político”, dice el biólogo, docente universitario e investigador Cristian Schneider cuando habla de la importancia de un monitoreo sobre la situación en la que están las áreas protegidas en Córdoba. Se trata en cierta forma también, de analizar qué tan real es la aplicación de las políticas ambientales del Gobierno.

La idea responde a algo que ya tradicionalmente se viene realizando de áreas protegidas a diferentes escalas: continentales, biorregionales, nacionales, provinciales, municipales y la forma de trabajo es mediante metodologías que se usan para diagnosticar lo que está sucediendo con estos espacios. Sirven también como un instrumento técnico para poder leer esa información que llega con determinada regularidad, evaluarla y de ahí sacar conclusiones.

El proyecto Monitoreo de las Áreas Protegidas (MAP) utiliza una plataforma de acceso libre que divulga información técnica relevada en las distintas regiones de la provincia. Es una iniciativa de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) donde Schneider junto a un grupo de trabajo donde participan guardaparques, sistematizan datos y cartografías, donde se puede saber cuánta superficie de nuestro territorio es considerada área protegida, con cuánta infraestructura, presupuesto y proyectos activos cuentan y quiénes son los responsables de su conservación.

 

“No solo es mostrar la belleza escénica de los bosques, humedales, es decir, las distintas áreas protegidas sino también qué está ocurriendo realmente con esta política ambiental”, dice el biólogo y agrega: “Por eso decidimos hacer algo pragmático, elegimos indicadores fundamentales, de cosas que nos ayuden a saber cómo es la situación de estas áreas protegidas, cuestiones que sí o sí deberían estar en estos lugares, como el hecho que tengan bien marcados los límites, que tengan personal a cargo, equipamiento, que por lo menos tengan un vehículo, un destacamento, una planificación”. Esos indicadores, al menos 10, son los que le permiten al equipo de trabajo analizar en qué situación está cada área protegida de Córdoba. 

“La pregunta en algunos de estos lugares ha sido, incluso, interpelar si llegan a cubrir un indicador básico ¿tienen guardaparque estos lugares? ¿tienen un plan de trabajo con visión?”, plantea Schneider porque indagar en estos aspectos muestra cómo es la situación realmente in situ y no en los papeles.

En Córdoba, hasta noviembre de 2019, se lograron relevar 89 áreas protegidas, que abarcan un total de 4.332.301 hectáreas. De esa cantidad, 30 son áreas protegidas a cargo del Gobierno provincial (un total de 4.099.589 hectáreas). Unas cuatro áreas protegidas (que suman 159.333 hectáreas) son gestionadas por Nación; 39 (que abarcan aproximadamente 59.866 hectáreas) están a cargo de los municipios y 16 áreas protegidas (unas 13.243 hectáreas) son administradas por privados. Todo eso sobre un total de 16.415.500 hectáreas de superficie provincial. Un 26% de esta se encontraría bajo algún marco de gestión ambiental de protección, lo cual convierte a Córdoba en la segunda provincia con mayor superficie protegida del país, según datos del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). 

¿Cómo es la situación en las áreas gestionadas por la Provincia?

- La mayoría de las áreas estudiadas del sistema provincial no están llegando ni al mínimo de nada y sabiendo que algunas tienen ya 35 años de creadas, aún así no llegan al mínimo de los criterios: ni personal, ni infraestructura, ni presupuesto destinado. 

 

¿Dónde radica el mayor problema?

- El problema pasa por la implementación de la gestión para conservar estos lugares. Implementar es hacer funcionar, que por lo menos esté sucediendo algo, si eso pasa luego se hablará de la efectividad, para ver qué tan efectivo se es, hay indicadores que miden eso para saber si los proyectos implementados están o no conservando. El tema es que si no están implementadas las políticas ambientales, es todo un fantasma.

¿Qué es lo que no puede faltar para lograr la conservación de áreas?

- Sí o sí debe haber personal a cargo, gente capacitada que tengan aunque sea un equipamiento mínimo, un financiamiento, un presupuesto en ejecución para que ese guardaparque pueda ponerle combustible a la camioneta y pueda encarar las actividades básicas iniciales que lleva de trabajo un área. Creo que es importante tener una estructura: guardaparque, equipamiento, infraestructura (un destacamento) y financiamiento. Por supuesto que a esto tiene que acompañar un plan, criterios muy claros, una visión a largo plazo. Esas cosas son importantes porque si no están, no se puede hacer nada. Muchas veces pasa eso: existen planes de gestión pero terminan siendo un PDF anillado y guardado en un estante porque no hay guardaparques ni presupuesto destinado. Hasta finales de 2019  de las 32 personas destinadas a campo en la provincia, solo 10 eran guardaparques y estamos hablando de una de las provincias con mayor cantidad de superficie con áreas protegidas del país.

¿Qué rol juega lo social respecto a la aplicación de políticas públicas?

- Si el Ejecutivo no avanza con lo que debería hacer, la implementación y creación de nuevas áreas tiene que incluir a la participación ciudadana, tanto en cosas como delimitar las áreas como la gestión, ya sea creando un consejo o comité de gestión un espacio participativo para los actores que quieren participar y puedan tener un marco institucional. Y que no sea un espacio solo deliberativo, sino de gestión.  No un consejo asesor, a quien le preguntan pero luego no puede tomar decisiones. Es un discurso a disputar. Tenemos que formarnos en participación ciudadana porque es importante este caudal de interés que se da y eso se canaliza a través de medios institucionalizados en la construcción de políticas públicas.