“Los vecinos llaman al número que se les indicó según el protocolo de actuación de la policía comunitaria pero nadie recibe las denuncias o los reclamos ya que, según manifiestan, se les cortó el pago de los teléfonos a los agentes”, manifestó Giuliano.

“Si creamos una policía con la intención de generar una mayor proximidad entre los vecinos y el agente de seguridad, resulta muy paradójico que los vecinos queden incomunicados”, indicó Giuliano.

Para el edil, “La policía comunitaria recorrió los barrios tocando timbre en cada casa y repartiendo tarjetas de Identificación Personal con el teléfono celular de cada agente y su foto. Si ahora no atienden por falta de pago de los mismos celulares o por cualquier otra causa, se cae no sólo la idea de la proximidad sino también la idea de la seguridad”.

“Es por esta situación que vamos a realizar un pedido de informe que explique esta singular carencia de la policía comunitaria en el Barrio La Tablada, una carencia que tira abajo toda pretensión de hacer circular policías destinados al diálogo, la mediación, y la proximidad”, afirmó Giuliano y agregó:

“La policía comunitaria es una buena idea pero todos sabemos que la mejor forma de arruinar una buena idea es implementarla mal. Eso es lo que está haciendo el gobierno provincial en este tema. La policía comunitaria se deslegitima si no puede atender el mismo teléfono que brindó a cada uno de los ciudadanos que visitó en su hogar.

“Recientemente se extendió el campo de acción de la policía comunitaria a ocho barrios de Rosario. Esperamos que esta lejana proximidad de la policía comunitaria no sea extensiva a las demás zonas de la ciudad hacia la que fue destinada”, concluyó Giuliano.