El gravísimo conflicto policial, que dejó desprotegidos a los tucumanos durante todo el fin de semana, podría encontrar una salida en las próximas horas, a partir de un compromiso del Gobierno provincial de convocar este lunes a los uniformados que protagonizan la revuelta, a los fines de acercar posturas respecto al tema salarial.

Así quedó definido el viernes, cuando el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, se reunió con una comisión de representantes de los agentes y les comunico que transmitiría sus reclamos al gobernador José Alperovich y al titular de Economía, Jorge Jiménez. Además, el titular de la cartera política asumió ante los manifestantes el compromiso de que el PE los convocará este lunes para buscar una solución.

Como se viene informando, entre otras reivindicaciones los uniformados sublevados exigen elevar la Asignación de Grado (para el agente) a 3.500 pesos (en el anterior acuerdo, suscripto en abril se fijó en los 1.950 pesos), además de solicitar el reintegro de un decreto que contempla sumas remunerativas, el pase a planta permanente del personal transitorio y la cobertura extendida de la ART durante las 24 horas a lo largo de todo el año.

Mientras esperan una respuesta del Poder Ejecutivo a sus planteos, efectivos de distintas reparticiones de la fuerza resolvieron mantener la protesta al frente de la Jefatura de Policía, en calle Italia al 2.600. Como consecuencia de los reclamos, hasta anoche las comisarías solamente atendían casos de extrema urgencia y el personal de las patrullas Motorizada y Urbana brillaba por su ausencia en las calles de la Capital.

Sin embargo, es oportuno aclarar que tras los violentos incidentes del sábado por la noche, cuando policías que participan del reclamo y efectivos que no se pliegan a la protesta se enfrentaron a golpes de puño y patadas en la plaza Independencia, la jornada dominical fue más tranquila. El superclásico tucumano entre San Martín y Atlético pudo jugarse sin inconvenientes, dado que estuvo garantizada la presencia policial. Inclusive, ayer algunas comisarías abrieron sus puertas, aunque manteniendo la restricción en la atención.

"Lo ocurrido en la plaza, con esta pelea entre propios compañeros que terminó con la detención de cuatro de los efectivos que nos acompañan en el reclamo, hizo bajar un poco los decibeles", dijo a EL SIGLO un vocero de los manifestantes, quien solicitó mantener su nombre en reserva.

No obstante, esa misma fuente advirtió que hoy, con el regreso a la actividad normal, se incrementaría la presencia de efectivos participando de la protesta en la zona de la Jefatura. "Vamos a seguir hasta que nos den una respuesta y mañana (por hoy) la protesta va a ser masiva, porque el Gobierno nos mintió y no cumplió con lo que se había comprometido en abril", agregó.

Stella Maris pedirá derecho a réplica

La diputada nacional Stella Maris Córdoba, quien fue señalada por el Gobierno, a través de la pantalla de Canal 10, como instigadora de la nueva revuelta policial, denunció haber sido censurada por periodistas de la televisora, ante lo cual exigirá hoy el derecho a réplica.

La candidata a gobernadora por Proyecto Popular informó que hoy, a las 8.00, se presentará en los estudios de Canal 10, acompañada de escribano público, para ejercer su Derecho a Réplica. Ello frente a las imputaciones de instigación a la sedición de la Policía provincial que le formulara el jefe en ejercicio de dicha fuerza, Nicolás Barrera, el pasado viernes, en el programa "Los Primeros", que conduce Omar Nóblega.

La diputada agregó que la acción se hará extensiva al rector Juan Alberto Cerisola y al Consejo Superior de la UNT -en su carácter de propietaria de la emisora-; además de a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, durante el 7º Encuentro de la TV Pública, que comenzará este lunes en la provincia de La Rioja.

Córdoba precisó que exigirá el "cese inmediato de la proscripción y los ataques que sufrimos quienes no comulgamos con el alperovismo".

Explicó que el viernes, en "Los Primeros", el jefe de la policía le imputó el instigar la huelga policial sin que se le haya permitido ejercitar su descargo.

"Canal 10 ya no sólo pretende invisibilizar a quienes queremos profundizar la democracia en Tucumán, saturando la pantalla con pseudoeventos protagonizados por funcionarios provinciales, sino que ahora nos ataca y nos niega al mismo tiempo derechos constitucionales fundamentales como el Derecho a Réplica", enfatizó la diputada.

Según Córdoba, "la prensa tucumana en general viene minimizando la gravedad de la cultura autoritaria alperovista que pretende acallar las voces disidentes con ataques personalizados como el que ordenó el gobernador a su Jefe de Policía para imputarme el delito de instigación a la sedición".

Para la parlamentaria nacional las acusaciones de Barrera "fueron encomendadas por el gobernador en un accionar propio de las culturas autoritarias cuyo objetivo es amedrentar y silenciar para encubrir la impotencia política que aqueja a su gobierno para resolver el conflicto social en Tucumán".

La referente kirchnerista convocó a toda la ciudadanía a "sumarse a la batalla que lleva adelante el gobierno nacional para sumar más voces en los medios de comunicación y redistribuir la palabra. Para eso debemos perder el miedo a ejercer nuestro derecho a emitir opiniones y pensamientos sin condicionamientos de ninguna clase, ni a permitir la censura a nuestra palabra", consignó.

Por último, dijo que "es evidente que en Tucumán se está conformando un monopolio comunicacional a las órdenes del gobernador donde Canal 10, las radios LV12 y LV7 y los principales diarios y webs aparecen como puntales de un dispositivo censurador de todo aquel tucumano que no comparte el autoritarismo financiero instaurado en la provincia", acotó Stella Maris.