El PE terminó cediendo ante el reclamo de los agentes sublevados y otorgó un aumento que eleva a 3.000 pesos la asignación de grado para el cargo testigo de agente. Además, los policías lograron la restitución de un ítem remunerativo que se había suprimido y el pase a planta permanente de los contratados en el Servicio Penitenciario. Tensa jornada.
Fue tras una tensa y extenuante jornada de negociaciones, las que terminaron a las 01.10 de la madrugada, con el Poder Ejecutivo cediendo al reclamo de los agentes sublevados y otorgando un aumento que eleva a 3.000 pesos la asignación de grado para el cargo testigo de agente, cifra que comenzará a regir a partir del 1 de mayo. Además, en la pulseada con el Gobierno, los policías lograron la restitución de un ítem remunerativo (el Decreto 1950/3-2005), en tanto se ratifica que el personal transitorio del Servicio Penitenciario pasará a revestir el carácter de planta permanente, una vez completados los trámites administrativos correspondientes.
Lo que se dejó claramente consignado en el acta refrendada por ambas partes radica en que, por un lado, el PE se compromete a no adoptar medidas disciplinarias que surjan como consecuencia de los reclamos concretados. Asimismo, el personal de Seguridad se comprometió a levantar toda medida de fuerza y, de este modo, garantizar el normal desempeño de sus funciones. En este sentido, si se efectúa un incumplimiento por cualquier concepto, los términos del acuerdo quedarán anulados.
Víctor Nacusse, vocero de los uniformados, al retirarse de la reunión (en la que participaron los ministros Jorge y Edmundo Jiménez y Mario López Herrera, titulares de las carteras de Economía, Gobierno y Seguridad, respectivamente) indicó que: "este es un día histórico. La revalorización de lo que es la Policía de Tucumán como institución y para el Servicio Penitenciario. Fueron días muy difíciles pero la satisfacción de llegar a nuestras familias con algo que ellas esperaban es el mayor placer que uno como ser humano puede sentir realmente".
Vale resaltar que desde un primer momento cuando se inició la "sublevación azul" hasta el arribo de la concordia, desde la Administración central se erogaron cerca de 1.000 pesos, puesto que las tratativas tuvieron como base a los 1.950 pesos (acordados luego del primer foco de conflicto, allá por abril) hasta el parámetro final establecido.
La solución al gravísimo conflicto policial llegó cuando la situación no podía ser más tensa, dado que al reclamo iniciado durante la madrugada del jueves pasado por un grupo no mayor a los 500 efectivos, entre el martes y ayer se habían sumado agentes de distintas delegaciones de casi toda la provincia.
Sin protección
En Concepción, por citar un ejemplo, el Banco Nación no pudo abrir sus puertas este miércoles debido a la falta de personal policial para cumplir con la esencial tarea de vigilancia.
En la Capital, en tanto, la atención en las comisarías se reducía simplemente a casos de extrema urgencia; mientras que el personal de las áreas que cumplen con la función de resguardar la seguridad en la vía pública brillaba por su ausencia. Algunos bancos de San Miguel de Tucumán se vieron en la obligación de triplicar la contratación de agentes para cumplir servicios adicionales a los fines de poder trabajar.
Además, por primera vez en mucho tiempo, José Alperovich no pudo ingresar ayer a su despacho en la Casa de Gobierno, tras realizar su habitual recorrida matinal de obras, debido a que los uniformados rebeldes se habían concentrado allí a esperar el resultado de una reunión entre sus representantes y los Ministros del PE.
A todo ello, hay que adicionar que por un espacio de tiempo importante, la seguridad propia de Casa de Gobierno se plegó simbólicamente a la protesta a través de la atención pero utilizando su vestimenta de civil.
Todos cedieron
Si bien fue el Gobierno el que terminó dando el brazo a torcer ante la mayoría de los planteos del sector amotinado, los policías que participaron de la protesta también debieron ceder y bajaron a 3.000 pesos el pedido asignación para el cargo de agente, frente a los 3.500 pesos que pretendían 24 horas antes.
De hecho, esa diferencia de 500 pesos hizo peligrar anoche la firma del acta acuerdo con el Poder Ejecutivo, debido a que un sector de los policías disidentes mantenía firme su pretensión de lograr el máximo incremento planteado.
En torno a ello, es dable señalar que el acuerdo estuvo a punto de naufragar puesto que en la zona de la Jefatura de Policía, los ánimos tendieron a caldearse aún más, cuando llegaban noticias de presuntos amedrentamientos y amenazas a los familiares de los efectivos que formaron parte de la comisión de agentes encargados de llevar adelante las negociaciones con los funcionarios del Gobierno.
Fue en este momento cuando la mayoría de los policías disidentes comenzaron a exigir el pago de los 3.500 pesos. Además, la situación pasó a mayores al esparcirse el rumor sobre la hipotética presencia en el palacio gubernamental de efectivos de civil y armados. En ese momento, los reclamos se basaron en la negativa a concurrir al edificio de 25 de Mayo y San Martín, sino que solicitaban que el resto de la negociación se concrete en la propia Jefatura y ante la presencia de un escribano público. Tal accionar estuvo sustentado en garantizar la seguridad de los miembros de la comisión.
Finalmente y tras una ardua discusión y debates internos durante una asamblea callejera realizada en el emblemático piquete instalado frente a la dependencia principal de la fuerza, los uniformados pusieron a consideración el ofrecimiento del PE y, por mayoría, decidieron aceptar los 3.000 pesos.
Consecuencias
La crisis policial de los últimos días dejó al desnudo las falencias de conducción en un área clave del Gobierno, como la es la de Seguridad. Al cierre de esta edición, cobraba fuerza una versión sobre cambios en el Ministerio a cargo de Mario López Herrera y en la Jefatura de Policía. La continuidad en sus cargos del titular de la fuerza, comisario Hugo Sánchez, y del subjefe, Nicolás Barrera, estaba en duda como nunca antes, aunque oficialmente no hubo ningún tipo de comunicación al respecto.
Una vez anoticiados de la firma del acta, el júbilo estalló en la zona de Jefatura donde los policías díscolos realizaron una gran parrillada y finalizaron la jornada con bombas de estruendo y lágrimas por le tormentoso camino recorrido.


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