Los cinco policías detenidos en la causa por supuestas torturas en la comisaría de General Güemes iniciaron ayer una huelga de hambre en el penal de Villa Las Rosas, donde están recluidos desde el 18 de julio de 2012, cuando un video subido a Internet cobró trascendencia en los medios locales y nacionales.

Luego de tomar conocimiento de la decisión, sus esposas y otros familiares se manifestaron preocupados y reclamaron una revisión de las actuaciones a las que consideraron viciadas de nulidad desde el momento mismo de las detenciones.

Los policías que dejaron de ingerir alimentos, líquidos y medicamentos desde ayer, a las 7, piden un cambio de carátula y de juez. Sostienen que vieron afectados sus derechos y garantías constitucionales de legítima defensa y debido proceso, e insisten en el reclamo de pericias, careos y otras medidas judiciales que sus abogados consideran indispensables para llegar a la “verdad real” de los hechos. “Desde los inicios, los defensores solicitaron distintas pruebas para aclarar la causa, pero ninguna de las presentaciones fue admitida por el juez Pablo Farah. Esto hizo que aún se sigan tramitando recursos y quejas incluso ante la Corte de Justicia de Salta”, manifestó ayer Viviana Figueroa, esposa del oficial Matías Cruz, en la redacción de El Tribuno.

Elizabeth Tarifa, esposa del sargento ayudante Héctor Ramírez, también cargó contra la Justicia. “Hago responsable al juez de la causa y a todos los que avalaron sus resoluciones por lo que pueda llegar a sucederle a mi esposo y otros policías que se encuentran injustamente privados de libertad”, sostuvo.

A su vez, Mónica Ibarra, esposa del agente Leonardo Serrano, afirmó que “no solo están afectados los derechos constitucionales de nuestros maridos, sino también los de sus grupos familiares, que incluyen a hijos de corta edad que están sin ningún tipo de contención de parte del Estado y privados de sus vínculos paternos sin causa fundada”.

Además de Cruz, Ramírez y Serrano, están detenidos los suboficiales Alberto Ontiveros y Marcos Gordillo. Este último sufre de diabetes, lo que tiene muy preocupada a su mujer, ya que desde la madrugada de ayer no solo dejó de ingerir agua y alimentos, sino también su medicación.

El juez Farah dictó los procesamientos, por presunta imposición de torturas a dos jóvenes detenidos en Güemes, en septiembre de 2012. La Sala I del Tribunal de Impugnación de la Provincia los confirmó en marzo de este año.

En esa misma resolución, el tribunal revocó el procesamiento de Luis Omar Vivas y Beatriz Campos por falta de mérito.

Los hechos que originaron la causa penal habrían ocurrido dentro de la Comisaría 11 de Güemes en 2011, pero el caso fue llevado a la Justicia por el ministro de Seguridad de la Provincia, Eduardo Sylvester, luego de que apareciera en Internet el video que causó estupor en la opinión pública y llevó, poco después, a las detenciones de los cinco policías que insisten en su inocencia y denunciaron una serie de atropellos que ahora piden investigar con una drástica huelga de hambre.