El 10 de noviembre una banda golpeó en la residencia de Gustavo ‘Chinga’ Gauna, tras ser informada que éste guardaba en la propiedad una cifra cercana a los $ 3.000.000.

Así se desprende del aspecto medular de la investigación, la cual se sostiene en seis sospechosos: uno de los cuales sería un funcionario policial, a quien se endilga el trabajo de inteligencia en la zona sur.

De acuerdo con el proceso que ahora es timoneado por el juez subrogante Miguel Moreno, el ex diputado, operador político y comerciante, fue marcado -al menos- un mes antes.

Todo habría comenzado cuando un integrante de su entorno empezó a vincularse con uno de la banda: tanto habría hablado que sin querer deslizó que ‘Chinga’ movía al mes cerca de $ 3.000.000.

Así, en días, santiagueños, catamarqueños y un cordobés coincidieron en dar el gran golpe: Palavecino y el policía tomaron el mando y la tarea de inteligencia; a ‘Chupa’ Rojas se le habría asignado la función de apretador, es decir de pegar por si la tarea se tornaba pesada.

Tras dos semanas de vigilancia, resolvieron asaltarlo el 10 de noviembre. Aquella jornada, ‘Chupa’ habría iniciado el seguimiento al ex legislador; después se le plegó el funcionario policial, quien ‘acompañó’ el vehículo de la víctima hasta El Zanjón.

Ya en el inmueble, ‘Chinga’ fue encañonado por los otros cuatro integrantes de la banda. Todos estaban convencidos que ‘Chinga’ tenía $ 3.000.000. Jamás se supo si el ex legislador guardaba, o no, la suma; menos si algo modificó su rutina.

Lo que sí se filtró es que minutos antes de que el cuarteto lo encañonara, un hijo de Gauna se habría retirado del inmueble llevándose al menos entre $ 70.000 y $ 80.000.

La cifra fue confirmada por un alto funcionario, quien subrayó que por muy poco el joven no fue encerrado junto a su padre: y lo que es peor, no estalló en una trágica balacera. A más de una semana del atraco, hay cuatro detenidos: restan el policía y el cordobés.

Sorpresivamente, ayer el policía presentó un recurso de hábeas corpus, institución jurídica que persigue ‘evitar los arrestos y detenciones arbitrarias’.

El policía no lo sabe, pero habría amenazas a la familia Gauna que partieron de un celular, propiedad atribuida a la banda.