Por estas horas, la Fiscalía de Delitos Especiales investiga una denuncia realizada por un suboficial de la Policía en la que se acusa a altos mandos de la fuerza de cometer maniobras fraudulentas en relación al manejo y pago de los "servicios extraordinarios" que los uniformados realizan en empresas privadas, eventos deportivos o edificios municipales, entre otros.

La presentación judicial señala supuestas irregularidades suscitadas en dependencias municipales de Capital -como centros de salud y jardines maternales- que contratan estos servicios policiales: básicamente, se refieren a manejos presuntamente fraudulentos en cuanto a "digitación" de policías para hacer las guardias y también en el cobro de estos servicios, mencionando a algunos comisarios como responsables de estas maniobras.

Inicialmente, la denuncia entró a la Bicameral de Seguridad, donde el tema fue tratado en la sesión realizada el último jueves. Si bien algunos integrantes consultados dijeron desconocer la denuncia, trascendió que una vez analizada, el expediente se mandó a la Inspección General de Seguridad, desde donde se deberá evaluar el accionar de los altos mandos denunciados. "Es un expediente engorroso y con muchos involucrados", indicaron desde la Bicameral.

Paralelamente, la denuncia fue presentada ante la Comisión de Derechos y Garantías y ante la Fiscalía de Delitos Especiales que dirige la fiscal Claudia Ríos. Así las cosas, ayer por la mañana decenas de efectivos que cumplen funciones en esa fiscalía y en la división de Delitos Económicos realizaron inspecciones en el Centro de Salud Padre Llorens -ubicado en el barrio San Martín-, en el Centro de Salud del barrio La Favorita, en los jardines maternales Duendelín (del barrio San Martín) y Mimitos (del barrio Olivares) y en el predio de la UCIM ubicado cerca del Cerro de La Gloria.

Todos estos edificios están custodiados por policías bajo el sistema de servicios extraordinarios. De allí, los investigadores se llevaron los libros de novedades -donde los efectivos anotan lo acontecido mientras están de guardia-, las planillas de asistencias -donde se registran entradas y salidas-, entre otra documentación. "Toda tendiente a tratar de verificar el delito denunciado", agregaron.

Tanto desde la Fiscalía como desde la Policía y la Bicameral prefirieron mantener un absoluto silencio respecto a la denuncia y las identidades de los involucrados.

Versión contrapuesta

Fuentes consultadas se refirieron a que la denuncia podría deberse a que en los últimos tiempos hubo cambios en el sistema con el que se designan estos servicios.

"Los servicios pueden ser manejados por cualquier efectivo. Entonces, por ejemplo, si un policía tiene un conocido que es propietario de un negocio, puede ofrecerle custodia. Entonces, ese efectivo cobra por ser el "encargado" y contrata a su vez a varios uniformados más para que se ocupen de la seguridad", explicó la fuente.

Pero hubo un momento en que la situación se salió de control. "Sucede que algunos encargados comenzaron a regular la seguridad de decenas de comercios y todo se desmadró", consideró.

Ante esta situación, se han intensificado los controles tendientes a evitar el acaparamiento de "objetivos", tal como se lo llama en la jerga a los lugares custodiados.

Un policía "encargado" explicó que existen colegas que, por ejemplo, cobran un plus de parte de la empresa, que se le brinda por organizar la seguridad y por hacer controles esporádicos en los objetivos y de los policías que tiene a su cargo. Además comentó que existen otros casos en que los encargados tiene tal exceso de horas de servicio "extra" que es incompatible con el resto de su función policial.