El Gobierno acaba de poner en marcha la mayor amenaza que esgrimió en los últimos años contra las empresas petroleras: desde la semana pasada, comenzó a ofrecer a empresas locales una participación en los yacimientos de grandes compañías privadas que mostraron una caída en la producción en los últimos meses, indicó el artículo que La Nación publicó este sábado.

La lista incluye, por ejemplo, algunas de las joyas de las petroleras: el yacimiento salteño Ramos, concesionado a Pluspetrol; Aguada Pichana, uno de los activos más importantes de Total; Loma La Lata, de YPF; El Trapial, de Chevron; El Tordillo, de Tecpetrol, y Cerro Dragón, el principal pulmón petrolero del país, en manos de PAE, que sufrió una caída en la producción debido a la ocupación y los destrozos que provocaron en esa concesión Los Dragones -una facción disidente de la Uocra- hace un año, agrega.

Las áreas que ofreció Baratta fueron remitidas a ambas carteras por las provincias la semana pasada a través de la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). El miércoles pasado hubo otra reunión importante en Planificación. Estuvo conducida por Baratta y por Nicolás Arceo, uno de los hombres de mayor confianza de Kicillof. Por el sector privado participaron algunas de las principales empresas internacionales proveedoras de servicios petroleros, como San Antonio, Weatherford, Halliburton y Schlumberger, detalla además.