Mientras el Congreso de la ADOSAC que se realizó en la localidad de Las Heras ratificó la continuidad de la medida y de los bloqueos a los yacimientos, la conciliación obligatoria a la que el Gobierno exhortó una y otra vez a los maestros a acatar ya tiene sus plazos vencidos.

Es que los 15 días primarios se vencieron el lunes pasado y si bien podía extenderse por 5 días hábiles más, que vencerían mañana, la realidad es que se tendría que haber dictado una resolución para ello, “sin que hubiera existido ni una sola reunión, no hay fundamento para la extensión”, indicaron a La Opinión Austral fuentes del área laboral.

Hoy se cumplen 38 días de clases perdidos desde que se iniciara el ciclo lectivo el pasado 28 de febrero. Los maestros aseguran que se sienten respaldados por las movilizaciones de padres y alumnos, que hasta ahora sólo han reclamado “el retorno a las aulas”.

Sin que se determinaran aún las medidas de acción que se concretarán a lo largo de la semana, los docentes esperan ver cómo impactarán en sus filas los descuentos que se conocerán mañana, cuando se depositen los salarios en las cuentas sueldo de los trabajadores.

Los maestros volvieron a reiterar que están dispuestos a flexibilizar su pedido del 50% si hay una mesa de diálogo “sin condicionamientos” y consideran que la conciliación es uno.

La autoridad laboral dictó la conciliación obligatoria el 2 de mayo, pero el gremio docente definió no acatarla y fue multado con 700 mil pesos, medida que apeló el viernes mediante sus representantes legales.

Ante los plazos legales prácticamente vencidos de la conciliación obligatoria, por imperio de la Ley 2450 y la Ley 23929, son dos los caminos a tomar por parte de la Secretaría de Trabajo. O bien determinar someter el conflicto a un “arbitraje obligatorio”, que en el caso de la Ley 2450 el árbitro sería la propia secretaría y según la Ley 23929, se podría elegir un tercero con experiencia en educación, o “con todos los plazos vencidos y la continua decisión de los gremios de no someterse a las normas y leyes, en realidad el gobierno tiene las herramientas para pedir a la Justicia que se declare la ilegalidad de la huelga”, señalaron, lo que podría llegar a concretarse en el transcurso de esta semana, si finalmente la decisión es volcarse por esta última posibilidad.

Por otra parte, también es motivo de análisis hoy por parte del gremio la actitud que deberán adoptar supervisores y directivos que hasta ahora se venían plegando a la medida de fuerza, pero que, en realidad, por imperio del Estatuto Docente, expresamente está normado que no pueden estar agremiados y por lo tanto, no están amparados por el gremio en la medida de fuerza y quedan en condiciones de despido si persisten en esa actitud, algo que el propio Consejo de Educación salió a comunicar días atrás.

En tanto, resta saber si el gobierno avanzará definitivamente con una ley para reinstaurar el presentismo docente en los recibos de sueldos, algo que para el gremio “es un franco retroceso”.