Las firmas Tres de Mayo y Codao fueron imputadas por haber paralizado el servicio en 2010. La Dirección de Comercio interior dictaminará antes de fin de año, sobre la presunta responsabilidad de las transportistas, en el “lock out” patronal. Podrían ser sancionadas con multas que alcanzan los 5 millones de pesos. El 16 de diciembre las empresas presentarán su descargo y testigos, en el marco de una "audiencia de prueba".
Antes de fin de año, Comercio Interior deberá dictaminar sobre el expediente. Previamente, el próximo 16 de diciembre, el área oficiará una audiencia “de prueba”, en la que las empresas concesionarias del servicio de transporte público, presentarán su descargo y testigos, ante la imputación.
En esa instancia, la firma Tres de Mayo presentará 8 testigos, al tiempo que CODAO -que ya no opera en Bariloche- sólo basará su defensa en la presentación previa de su descargo.
El denominado lock out patronal, se produjo el 21 de abril de 2010. La medida de fuerza que implicó la paralización del servicio durante casi 10 horas, incluyó una concentración de los trabajadores y directivos de las empresas en el Centro Cívico de la ciudad. Protestaban por un posible llamado a licitación del servicio -en el término de 18 meses- y exigían una prórroga en los contratos de concesión.
“Bajo amenaza” y fuertes presiones, los concejales cedieron ante el piquete de los trabajadores y la paralización patronal del servicio. Luego, los ediles sancionaron una Ordenanza que prorrogó los contratos de concesión por el término de 3 años.
La denuncia contra las concesionarias del transporte público fue presentada por la Asociación de Consumidores Patagónicos (ACOPA) ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIDUC), que inició los expedientes y los elevó a Comercio Interior de Provincia. El expediente nuclea el reclamo de 80 pasajeros damnificados, y reclama que se les restituya el equivalente a cinco canastas familiares.
Usuarios del servicio del transporte público de pasajeros presentaron las denuncias correspondientes
En concreto, la imputación responde a la posible violación de los artículos 4 y 19 de la ley de Defensa al Consumidor -24.240-. Las imputaciones se basan en la infracción al Derecho a la información (artículo 4) y a la obligación de prestar el servicio en determinadas “condiciones términos, plazos y modalidades” (artículo 19).
El monto de la posible multa, que será fijado por el Director de Comercio e Industria de Río Negro, José María Apud, oscila entre los 100 y los 5 millones de pesos, de acuerdo a parámetros estipulados en la ley de Defensa al Consumidor. Para determinar la cifra de la sanción, se analizará el estado financiero de las firmas, el cálculo de económico del perjuicio ocasionado a los usuarios, el lapso en el que se realizó la infracción, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción, y su generalización, entre otros.
La resolución del expediente se conocerá transcurridos 10 días hábiles de la fecha de la "audiencia de prueba", y será dictaminada por el delegado local de la Dirección de Comercio Interior de Río Negro, Damián Vila.
La demora en el avance del expediente –el hecho ocurrió en 2010 y tres años después aún no tiene una resolución- responde a que el Municipio “dilató la presentación de la documentación pertinente”, explicó Vila a ANB.
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