El juicio contra los ex concejales lasherinos denunciados por cobrar sobresueldos liquidados como viáticos, parece tambalear, debido a una presentación de los abogados defensores que solicitó la prescripción de la causa, la adhesión del fiscal y el rechazo del tribunal. Esto planteó un escenario en el que es posible que no haya acusación y, por lo tanto, tampoco sentencia.

Los ex ediles son acusados de peculado, que según el Código Penal es hurto de caudales públicos cometido por quien los administra. Los hechos se desarrollaron a partir de 1992 cuando los ediles decidieron otorgarse un viático especial de $1.100, emolumento que en enero de 2003 se incrementó a $1.700.

En 1994, la entonces flamante concejal Patricia Gutiérrez denunció a sus pares, por considerarlo un sobresueldo. En junio de ese año, los ediles decidieron bajarse el viático a $600 y al año próximo, lo eliminaron.

Los acusados son Héctor Quevedo, Susana Morchio, Néstor Márquez, Juan José Magno, José Martín, Agustín Garín, Angel Grigor, Mario Luna, José Báez, Ramón Ramallo, Bartolomé Viñals, Julio Molina, Eduardo López, Ricardo Castaño, Pedro Basile, Héctor Robledo, Elio Parés y Antonio Pistone.

Puntualmente, a las 16.30 comenzó el debate oral en el Salón de Actos de la Suprema Corte. Una vez presentados ante los miembros de la Séptima Cámara del Crimen (con la ausencia de José Martín), los defensores plantearon la prescripción de la causa por plazo razonable de la persecución penal y por secuela de juicio, iniciada por Oscar Dimas Agüero, solicitud que se funda en el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable.

Incluso se esgrimió que algunos habían devuelto el dinero y otros estaban cancelando un plan de pago en Fiscalía de Estado, por lo que el perjuicio estaba en vías de reparación.

El fiscal Felipe Seisdedos adhirió a los argumentos de la defensa y el tribunal pasó a cuarto intermedio. Después de dos horas, los jueces anunciaron el rechazo del plazo razonable. Inmediatamente, Dimas Agüero solicitó una revisión de la decisión.

Los magistrados anunciaron un cuarto intermedio hasta el lunes a la tarde, fecha en la que tendrían resuelta la cuestión planteada, pero surgió un interrogante de parte del fiscal, acerca de su rol en ese juicio, teniendo en cuenta que al adherir a la defensa implica que está en duda su continuidad como parte acusadora en el proceso. Y sin acusación no hay posibilidad de sentencia.